El Gobierno nacional publicó una resolución en el Boletín Oficial para endurecer los controles sobre los gastos de los funcionarios y alcanzar mayor transparencia en el uso de los fondos del Estado.
La resolución modificó la normativa vigente y estableció que los organismos públicos deben reducir el peso de los pagos en efectivo y cheque al 20% del total de sus transacciones por Fondo Rotatorio, dentro de los primeros 180 días corridos desde que recibieron la habilitación. Pasado ese plazo, el techo cae al 10% y debe mantenerse en ese nivel o por debajo de él.
La Secretaría de Hacienda, bajo la órbita del Ministerio de Economía, impulsó la adopción de tarjetas prepagas corporativas como herramienta para reemplazar gradualmente los pagos físicos. La nueva norma extiende el período de evaluación a seis meses —con revisiones intermedias trimestrales— y reduce los techos permitidos.
Qué cambia
La resolución de 2018 había fijado los primeros topes concretos para el proceso de sustitución de pagos en efectivo y cheque. La nueva norma endurece ese esquema en forma directa, eliminando el umbral inicial del 30% y fijando desde el primer momento un tope del 20% para el uso combinado de efectivo y cheque.
La decisión se sustenta en los datos recogidos por la Tesorería General de la Nación, que verificó una evolución sostenida hacia el uso de medios electrónicos. La medida busca consolidar la sustitución de los medios de pago físicos por aquellos que posibiliten la trazabilidad, acrecentando los niveles de transparencia y eficiencia en el uso de los fondos públicos.
Las sanciones para quienes incumplan los límites también fueron actualizadas. Si la diferencia entre el nivel máximo permitido y el uso real de efectivo y cheque es igual o superior a 25 puntos porcentuales, la Tesorería General de la Nación recortará en un 40% el pago de las órdenes de reposición del Fondo Rotatorio o la cuota de pago diaria correspondiente.
