El jueves 29 de octubre de 2026, tres legisladoras del bloque de la Unión Cívica Radical (UCR) presentaron en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires una iniciativa destinada a reforzar la seguridad vial en los sectores más conflictivos.

En los últimos años, la red provincial ha sido escenario de asaltos a vehículos, lanzamientos de proyectiles desde puentes y robos en zonas de obra donde se retiraron vallas de protección, poniendo en riesgo a conductores y pasajeros.

La propuesta centraliza la identificación de esos puntos mediante la creación de un Mapa de Tramos Críticos, elaborado conjuntamente por la Dirección de Vialidad, el Ministerio de Seguridad y las empresas concesionarias. El mapa, de acceso público, se actualizará periódicamente con los incidentes registrados.

Una vez catalogado un tramo como crítico, la normativa exigirá la instalación obligatoria de mallas anti-arrojo, cercos perimetrales, iluminación adecuada y cámaras de monitoreo conectadas a los centros de control y a las fuerzas de seguridad. La medida prohíbe dejar zonas sin protección, aun cuando haya obras en curso.

"Buscamos que una mejora necesaria en la infraestructura vial no se convierta en una oportunidad para el delito", declararon Valentín Miranda, Priscila Minnaard y Alejandra Lorden.

El antecedente que motivó la iniciativa fue la obra del cuarto carril de la Autopista Buenos Aires-La Plata, en el barrio El Monte de Quilmes, donde la retirada de vallas expuso la vía a accesos no autorizados y a ataques con proyectiles.

Para garantizar el cumplimiento, el proyecto contempla sanciones económicas a las empresas o responsables de obra que incumplan los requisitos. El financiamiento de las nuevas instalaciones provendrá de Rentas Generales de la provincia y no podrá repercutir en los peajes ni en los usuarios.

Además, se propone modernizar la multa establecida en el artículo 29° de la Ley Orgánica de Vialidad, que lleva vigente desde 1977 una sanción de quinientos mil pesos (equivalente hoy a menos de un centavo). La nueva normativa fijará el valor en unidades de referencia, asegurando su actualización automática.

La iniciativa queda a la espera de su primer debate en el pleno legislativo.