Cerca de 50 sindicatos presentarán hoy una denuncia judicial contra el Ministerio de Economía, reclamando la devolución de $688 mil millones que, según ellos, el Estado mantiene inmovilizados para las obras sociales.

Los dirigentes, liderados por Luis Barrionuevo del sector gastronómico, acompañados por el Sindicato de Comercio bajo la conducción de Armando Cavalieri, entregarán el escrito en la sede del Sindicato de Obreros de Maestranza (SOMRA). La acción se produce en medio de una disputa abierta entre el sindicalismo y el Gobierno de Javier Milei.

"No aceptaremos que el Estado siga reteniendo recursos que corresponden a la salud de los afiliados", afirmó Barrionuevo al anunciar la medida.

Detalles de la demanda

El reclamo señala dos bloques de dinero: 288 mil millones de pesos depositados en un plazo fijo del Banco Nación, vinculados al Fondo Solidario de Redistribución, y 400 mil millones de pesos acumulados en fondos FIMA por una deuda de la prepaga OSDE.

Los abogados que redactan la denuncia también exigen al Gobierno actualizar el valor del nomenclador de medicamentos, congelado desde hace tres años, lo que afecta la capacidad de pago de las obras sociales.

Reacción del movimiento sindical

La iniciativa se tomó en una reunión previa en la sede del SOMRA, donde también participaron representantes de la UOM Capital, liderada por Roberto Bonetti. El sindicato de comercio, que administra la obra social OSECAC con 1,2 millones de afiliados, avala la acción judicial.

Mientras la CGT evalúa sus opciones, Barrionuevo descarta la propuesta de paro parcial de 2 a 4 horas y plantea un paro general de 36 horas, además de un paro nacional programado para el 16 de noviembre por la UTHGRA.

Contexto financiero

Los 288 mil millones provienen de una partida adicional incorporada en 2023 por el ex ministro Sergio Massa a pedido de la CGT. Los 400 mil millones restantes pertenecen al Fondo de Emergencia y Asistencia de los Agentes del Seguro de Salud, creado en 2016 y alimentado por el acuerdo de pago con OSDE.

El Gobierno aún no ha respondido oficialmente a la demanda, y la disputa se mantiene sin una resolución concreta.