El lunes 12 de octubre de 2026 el Ministerio Público Fiscal de Chubut presentó una acusación contra cinco mujeres, entre ellas Vanesa Elizabeth Fita, de 43 años y hermana del diputado provincial Gustavo Fita. La denuncia señala que el grupo habría cometido 594 fraudes entre abril 2023 y febrero 2024, cobrando alrededor de $59,4 millones a familias en situación de vulnerabilidad en Comodoro Rivadavia.

Cómo operaba la supuesta red

Según la acusación, las víctimas entregaban $100.000 en dos cuotas (80 % al Instituto Provincial de la Vivienda y 20 % para obras eléctricas), pero el dinero terminaba en cuentas bancarias y billeteras virtuales controladas por las acusadas. Vanesa Fita se hacía pasar por intermediaria de una cooperativa de viviendas y afirmaba tener contactos dentro del gobierno provincial que le permitirían agilizar la asignación de inmuebles.

"Nos aseguró que contaba con el respaldo del entonces gobernador Arcioni", declaró una de las denunciantes.

Las familias recibían información por grupos de WhatsApp, donde se anunciaban adjudicaciones, fechas de entrega y documentación requerida. Ante los retrasos, las acusadas justificaban los problemas con supuestos trámites administrativos del IPV.

Responsables y penas solicitadas

La Fiscalía identifica a Vanesa Fita como la organizadora principal y pide una condena de seis a ocho años de prisión. Las otras cuatro mujeres también enfrentan penas: María Victoria Curán (400 hechos) – 5-6 años; Camila Lara Páez (320 hechos) – 4-5 años; Lucía Lorena Miranda (130 hechos) – 3-4 años; y una quinta acusada vinculada a los restantes hechos.

Contexto político

Los hechos se iniciaron bajo la gestión del exgobernador Mariano Arcioni y se prolongaron durante el actual mandato del gobernador Ignacio Torres. La acusación incluye testimonios que mencionan la supuesta intervención de Arcioni, aunque no se ha probado su participación directa.

El fiscal solicitó que el caso avance a la etapa de juicio por jurado, pendiente del control judicial correspondiente.

Próximos pasos

Una vez superada la revisión judicial, el proceso seguirá su curso en la sala de jurados, donde se decidirá la responsabilidad penal de las acusadas y la posible restitución de los fondos a las familias afectadas.