La Sala Constitucional de Costa Rica suspendió la aprobación definitiva del Presupuesto Nacional de 2027 y ordenó a la Asamblea Legislativa abstenerse de votarlo en segundo debate antes del 29 de noviembre. La medida, dictada este lunes 9 de noviembre por el magistrado Fernando Cruz Castro como presidente interino del tribunal, responde a un pedido urgente de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Patricia Vargas González, quien advirtió que varias disposiciones del proyecto ponen en riesgo el funcionamiento del Poder Judicial.

La decisión alcanza al expediente legislativo 25.754, que contempla un presupuesto de aproximadamente ₡12,4 billones (USD 27 mil millones) y que había superado el primer debate el 5 de noviembre con 31 votos a favor y 23 en contra. No se trata de una declaratoria de inconstitucionalidad: es una orden provisional para que el tribunal pueda examinar los cuestionamientos antes de que el texto se convierta en ley.

Las cuatro normas que encendieron la alarma

El conflicto se concentra en las normas de ejecución presupuestaria 9, 10, 11 y 12. Una de ellas condiciona unos ₡29.843,8 millones (USD 65 millones) —el 5,6% del presupuesto del Poder Judicial— al cumplimiento de requisitos administrativos y de fiscalización. Otra limita los traslados de dinero entre partidas, y las restantes fijan condiciones para compensaciones salariales y para cubrir plazas vacantes.

Según los argumentos de Vargas, esas restricciones podrían afectar alrededor de 2.463 puestos, de los cuales 810 pertenecen al Organismo de Investigación Judicial (OIJ). El Poder Judicial también alertó sobre el impacto en las sedes regionales de Cóbano, Jacó, Quepos y Puerto Jiménez, y sobre las dificultades para adquirir equipo destinado a investigaciones policiales. Se trata de riesgos señalados por la Corte, no de cierres ni despidos ya ejecutados.

La discusión de fondo: la consulta que faltó

El otro eje del planteo es el procedimiento que siguió el Congreso. La Corte sostiene que las normas que tocan su organización y funcionamiento debían consultarse conforme al artículo 167 de la Constitución Política, que exige una mayoría calificada de 38 diputados cuando la Asamblea pretende apartarse del criterio del Poder Judicial en proyectos vinculados a ese poder.

La presidenta legislativa, Yara Jiménez, defendió en cambio que el presupuesto debía tramitarse con las reglas especiales de la materia y que no correspondía exigir esa mayoría. La Sala Constitucional deberá ahora analizar esos cuestionamientos antes de pronunciarse sobre la constitucionalidad de las normas.

Qué pasa con los plazos

El magistrado Cruz consideró el artículo 178 de la Constitución Política, que obliga a aprobar definitivamente el presupuesto ordinario antes del 30 de noviembre. Por eso la resolución busca habilitar el control constitucional sin bloquear la culminación del trámite dentro del período previsto.

La medida se conoció el mismo día en que Vargas se reunió con la presidenta de la República, Laura Fernández Delgado, en Casa Presidencial. En ese encuentro, Fernández expresó su disposición a conformar una mesa de trabajo, según consignó el material difundido sobre la reunión.