El gobierno cubano publicó este lunes en la Gaceta Oficial su primera Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación, una norma que reordena el sistema científico de la isla y abre la puerta a que actores no estatales participen en proyectos de investigación y desarrollo. La legislación, identificada como Ley 182/2025, comenzará a regir dentro de 60 días y llega en medio de una profunda crisis económica y humanitaria.

El texto reconoce formalmente a las formas de gestión no estatal dentro del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Ese universo incluye a empresas privadas, cooperativas agropecuarias y no agropecuarias, proyectos de desarrollo local y trabajadores autónomos, sectores que hasta ahora quedaban al margen de los instrumentos de capacitación y financiamiento del sistema.

Qué cambia para el sector privado

La norma incorpora herramientas económicas que antes estaban reservadas al ámbito estatal. Entre ellas figuran mecanismos de financiamiento de riesgo y capital semilla para crear y expandir empresas de base tecnológica. También habilita la constitución de compañías basadas en patentes y marcas, un esquema pensado para canalizar inversión externa o privada hacia actividades científicas.

Otro de los puntos centrales es la posibilidad de que entidades estatales y privadas firmen contratos con regalías y pagos por la comercialización de paquetes tecnológicos. Con esa disposición, el gobierno busca dar respaldo jurídico a operaciones que involucren resultados de investigación, productos patentados y transferencia de conocimientos.

"Uno de los objetivos de la ley es justamente que la participación sea creciente tanto en el ámbito de lo estatal como no estatal, de lo público como de lo privado", sostuvo Daimar Cánovas, viceministro de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, durante una conferencia de prensa en La Habana.

Cánovas también señaló que una mayor innovación entre los distintos actores económicos podría acelerar el desarrollo de soluciones propias. "En la medida en que haya más innovación en todos los actores económicos, podremos avanzar con más velocidad como país", afirmó el funcionario.

Una apertura que se extiende

La inclusión de cooperativas, trabajadores autónomos y empresas privadas se suma a un proceso más amplio de reformas que habilitan una mayor presencia privada en sectores que hasta hace poco permanecían bajo control estatal. El paquete incluye 176 reformas con las que el gobierno busca liberalizar algunas actividades productivas y de servicios, y ya alcanzó áreas como la educación y la administración de farmacias.

Según datos oficiales, en Cuba funcionan más de 16.000 empresas privadas. Expertos independientes señalan que esos negocios se consolidaron como un eslabón necesario dentro de la economía nacional ante la crisis que atraviesa el país.

Hasta ahora, universidades y centros de investigación estatales concentraban buena parte de las capacidades científicas y de desarrollo tecnológico de la isla. La nueva ley busca que ese conocimiento también pueda circular entre los nuevos actores económicos, aunque su implementación dependerá de cómo se reglamente en los próximos dos meses.