La Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro) rechazó la ley que la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires sancionó para que los municipios puedan reasignar, por 180 días, hasta el 100% de los fondos del Impuesto Inmobiliario Rural que estaban afectados al mantenimiento de los caminos rurales y destinarlos a obras hídricas. Con esa postura, la entidad cooperativa se sumó al frente de entidades del agro que ya habían cuestionado la medida.

El malestar arrancó con Sociedad Rural Argentina (SRA), siguió con CARBAP y después con Federación Agraria Argentina (FAA). Aunque cada entidad se pronunció por separado, la Mesa de Enlace terminó alineando una posición común contra la decisión legislativa. El argumento compartido: las obras para prevenir inundaciones ante El Niño son necesarias, pero no deben pagarse con la partida que sostiene la red vial rural, otro frente que también sufre cuando el agua sobra.

El razonamiento de las cooperativas

Coninagro planteó que el problema no es el diagnóstico sino la solución elegida. Según la entidad, la propia norma se apoya en el riesgo de lluvias extraordinarias por El Niño: si ese escenario se concreta, los caminos rurales necesitarán más mantenimiento que nunca y esos fondos deberían estar disponibles justo en ese momento.

"Quitarles recursos para prevenir el agua es resolver un problema agravando el otro", sostuvo la Confederación.

Para la entidad, el camino rural es la primera milla de la cadena productiva: si está intransitable, se interrumpe la recolección, se demora la descarga y sube el costo del flete en plena cosecha, siembra o abastecimiento de alimentos. También remarcó que sobre esos caminos dependen escuelas rurales, centros de salud y familias que eligen quedarse en el interior.

Las condiciones que pide Coninagro

La entidad puso sobre la mesa una serie de pautas para que el Poder Ejecutivo provincial las considere al promulgar o reglamentar la norma:

  • Que las obras financiadas se limiten al ámbito rural y tengan relación directa con la conservación de la red vial.
  • Que se repongan al Fondo Compensador de Mantenimiento y Obras Viales los recursos utilizados.
  • Que cada municipio rinda públicamente cuentas del destino de esos fondos.
  • Que los productores y sus cooperativas participen en la definición de las obras a través de las comisiones viales locales.

Además, Coninagro propuso que las obras hídricas cuenten con un fondo específico y recursos propios, por tratarse de una política de Estado y no de una medida de emergencia financiada con dinero de otro fin.

Puertas abiertas para relevar el territorio

La Confederación puso a disposición de la Provincia y de los municipios su red de cooperativas en territorio bonaerense para relevar, distrito por distrito, el estado de los caminos y las obras hídricas prioritarias. En esa línea, la entidad defendió la participación de las comunidades en las decisiones que las afectan como esencia del cooperativismo.

"Queremos obras y caminos transitables. No aceptamos que se nos obligue a elegir entre una cosa y la otra", cerró Coninagro.

La ley bonaerense ya fue sancionada y ahora queda en manos del Ejecutivo provincial su promulgación o reglamentación, instancia en la que las entidades del agro esperan que se incorporen las condiciones planteadas.