El juez Tomás Rodríguez Ponte reconstruyó una serie de conversaciones que se produjeron horas antes del allanamiento de Sur Finanzas el 1 de diciembre. Los mensajes, enviados entre la secretaria personal de Ariel Vallejo y empleados de la empresa, pedían borrar cámaras y apagar programas informáticos.

"Que borre todas las cámaras", escribió Daniela Sánchez a las 02:57.
"Desconecten los programas", indicó otro chat a las 02:07.

El supuesto “protocolo” de borrado

Según el escrito judicial, esas órdenes formarían parte de un plan que incluyó la eliminación de registros digitales, el retiro de efectivo de sucursales, el ocultamiento de vehículos y el traslado de equipos informáticos. En otro intercambio, la secretaria solicitó a una colaboradora que “levanten temprano las ganancias” y que “borre todas las cámaras” al día siguiente.

Negaciones de la defensa

Fuentes cercanas al financista desmintieron que Vallejo haya dado esas instrucciones. En entrevista con LA NACIÓN, el propio Vallejo negó la existencia de un “ejército de soldaditos” involucrado en el presunto lavado de activos.

Contexto financiero

La causa también señala irregularidades en la casa de cambio Centro de Inversiones Concordia, bajo control de Vallejo. Las cuentas de la empresa registrarían al menos $4.040.114.708 en 2022, cifra que no coincide con las ventas declaradas de $2.440.801.851 para ese mismo año. En declaraciones judiciales, Vallejo afirmó que sus casas de cambio operaron US$108,1 millones durante el cepo, con una ganancia de entre dos y veinticinco pesos por dólar.

El juez considera que la supuesta venta de dólares en el mercado paralelo podría ser el delito antecedente del lavado de activos que se investiga.

Próximos pasos judiciales

El procesamiento y la prisión preventiva de Vallejo continúan. La justicia seguirá analizando los chats y los movimientos financieros para determinar la existencia de un plan coordinado de ocultación de pruebas.