La causa por el lanzamiento y el colapso de $LIBRA sumó un nuevo frente judicial. El inversor Martín Romeo reclamó la "nulidad absoluta" del dictamen del fiscal Eduardo Taiano que precedió al sobreseimiento de Javier Milei y de otros diez investigados, según la presentación que hizo por sí mismo y en representación de dos personas que buscan ser querellantes, Sviatlana Krasutskaya Vitalievna y Vladislav Lapchenko Andreevich.

El planteo apunta a la resolución que el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi firmó el viernes pasado, cuando concluyó que los hechos denunciados "no encuadran en una figura legal" y desprocesó al presidente. La misma decisión alcanzó a su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y a Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy, Sergio Morales, Hayden Davis, Julian Peh, María Alicia Rafaele, María Pía Novelli, Camilo Rodríguez Blanco y Orlando Mellino.

El argumento central

Romeo sostiene que el Código Procesal Penal Federal le reconoce a la víctima de un presunto delito el derecho a pedir la revisión de un sobreseimiento solicitado por un fiscal, aunque todavía no haya quedado firme su condición de querellante. En ese marco, cuestionó que el juez no le haya dado intervención para opinar sobre el dictamen de Taiano.

"Al querellante, cuya exclusión no está firme, no se le dio intervención alguna frente al pedido desincriminante del fiscal", afirmó en su escrito.

El inversor va más allá: considera que el Ministerio Público Fiscal terminó ejerciendo de defensor de los sospechosos en lugar de investigarlos. Por eso pidió que la Cámara Federal anule el dictamen y, en consecuencia, el sobreseimiento. De forma subsidiaria, reclamó que se revoque la decisión y se ordene continuar con la pesquisa.

La pulseada por ser querellante

El trasfondo del planteo es si Romeo conserva facultades para actuar en la causa mientras se define su pelea por el rol de querellante. La jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado lo había reconocido como tal, pero en julio Martínez de Giorgi hizo lugar a una excepción de la defensa de Novelli y lo apartó. La Cámara Federal confirmó esa decisión y después declaró inadmisible su recurso de casación. Romeo llevó el caso en queja a la Casación Penal, donde la discusión sigue abierta.

Una investigación que, según Romeo, quedó incompleta

Más allá del pedido de nulidad, Romeo cuestionó el fondo de los sobreseimientos y afirmó que la investigación "no se completó". Señaló que ninguno de los imputados fue citado a indagatoria y que tampoco se convocó a los testigos que había propuesto, entre ellos Diógenes Casares, Juan Carlos Pallarols, Eduardo Prestofelippo y Ramiro Marra.

También objetó que quedaran sin terminar los estudios de trazabilidad de las operaciones con criptomonedas. Según su presentación, la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (Ufeci) no contaba con "herramientas técnicas bajo licencia". Y agregó que no se citó al exjefe de asesores Demian Reidel ni a Santiago Caputo, ni se identificó a los dueños de las 74 billeteras que compraron el token 22 segundos antes de que Milei publicara el contrato.

El escrito también critica que el juez haya restado valor a los informes forenses de los teléfonos secuestrados por presuntas irregularidades en su elaboración. Para Romeo, no se acreditó que esas fallas hubieran provocado una filtración a la prensa, como había planteado en marzo el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.

El pedido de Romeo se suma a la apelación que el otro inversor afectado, Juan Patricio Marchetto, presentó anteayer contra el sobreseimiento, y al reclamo para que intervenga la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA). La Cámara Federal tiene ahora la última palabra sobre el futuro de la causa.