El lunes 24 de agosto la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires no recibió el panel que abordaría los totalitarismos del siglo XXI. La medida se tomó después de que la Cancillería Argentina, siguiendo la petición de la embajada de China, ordenara la suspensión del evento.

El foro, organizado por el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL), contaba con la participación de Dolkun Isa, activista uigur radicado en Alemania y presidente del Congreso Mundial Uigur, junto a académicos locales como Marcelo Alegre y María de los Ángeles Lasa.

Intervención de la Cancillería

Según fuentes del Ministerio de Relaciones Exteriores, la solicitud partió de la embajada china, encabezada por Wang Wei, quien manifestó su rechazo a la presencia del activista. La Dirección de Asia y Oceanía, dirigida por Luis Fernando del Solar Dorrego, y la Secretaría de Relaciones Económicas Internacionales, bajo la jefatura del exembajador Fernando Brun, gestionaron la cancelación.

"Agradecemos la rápida gestión de los funcionarios argentinos y de los legisladores que atendieron nuestro pedido", declaró Wang Wei en un comunicado interno.

Reacción de organizadores y comunidad diplomática

Gabriel Salvia, director general de CADAL, denunció la intervención y advirtió sobre sus consecuencias para la libertad de expresión.

"Resulta alarmante que una embajada extranjera presione a la Cancillería y que esta a su vez influya en la agenda de la Legislatura", afirmó Salvia.

El organismo también recordó la reciente aprobación de la ley que declara el 23 de agosto como Día de Recuerdo de las Víctimas del Totalitarismo, subrayando la contradicción entre la normativa y la censura del debate.

Varios diplomáticos de países aliados al gobierno argentino expresaron sorpresa ante la decisión, cuestionando si la libertad de expresión está realmente garantizada en el país.

Ante la cancelación, los organizadores trasladaron la actividad al Club Alemán de Buenos Aires, donde se espera que el panel se realice bajo condiciones distintas.

Esta situación reaviva el debate sobre la influencia de potencias extranjeras en la agenda pública argentina y la protección de los derechos humanos en contextos internacionales.