El proyecto contra el vandalismo rural que impulsa el diputado Martín Ardohain (PRO) sumó un nuevo frente de críticas. Ramiro Gutiérrez (Unión por la Patria) advirtió que la iniciativa, que consiguió dictamen de mayoría en las comisiones de Legislación Penal y de Agricultura y Ganadería de la Cámara Baja el martes pasado, vuelve a tipificar conductas que el Código Penal ya contempla y, en varios casos, con penas más bajas que las actuales.

Según el legislador, esa superposición normativa podría derivar en contradicciones y en serias dificultades de interpretación para los tribunales a la hora de resolver casos concretos.

El antecedente de 2020 y las "fallas catastróficas"

Gutiérrez recordó que en 2020 presentó junto a Sergio Massa un proyecto para sancionar los ataques a la producción agropecuaria, en especial la destrucción de silobolsas. "Hicimos una reforma penal que trabajamos con entidades del campo, pero no conseguimos los consensos necesarios para llevarla al recinto", explicó.

Seis años después, el diputado reconoció que la propuesta de Ardohain parte de "buenas intenciones", aunque fue duro con su redacción: "Tiene fallas catastróficas que van a hacer que naufrague en los tribunales".

La contradicción de fondo: más severidad, menos pena

El eje de su objeción es la comparación entre el nuevo artículo 184 bis que propone incorporar el proyecto y el artículo 186, inciso 2°, del Código Penal vigente. La figura nueva prevé penas de dos a ocho años de prisión, mientras que la norma actual establece de tres a diez años para determinados daños que afectan a la producción agropecuaria.

"El proyecto tiene una contradicción difícil de explicar: se presenta como una respuesta penal más severa frente al vandalismo rural, pero para una parte de las conductas que vuelve a tipificar baja la pena que ya establece el Código Penal", sostuvo.

Gutiérrez mencionó varios ejemplos concretos. La destrucción de cereales, tanto antes de la cosecha como cuando están almacenados en parvas, gavillas o bolsas, ya aparece contemplada en el artículo 186 con una escala penal más alta. Lo mismo ocurre con la destrucción de bosques, viñas, olivares, cañaverales, algodonales y yerbatales, y con otras plantaciones de árboles o arbustos en explotación: el Código Penal ya los incluye entre los bienes alcanzados por las penas de tres a diez años, mientras que el artículo propuesto los lleva a una figura con sanción de dos a ocho años.

El riesgo de que se imponga la pena más baja

Para el diputado, el problema no se agota en la diferencia de escalas. La convivencia de dos figuras penales aplicables a una misma conducta podría sembrar dudas sobre cuál corresponde usar y, en ese escenario, podría terminar imponiéndose la sanción más baja.

"Dos penas diferentes afectan la taxatividad. La ley penal más benigna es la que hizo Ardohain. Por ende, alguien que destruye un silobolsa va a terminar teniendo una pena más baja", afirmó.

Y cerró: "Resulta preocupante que ahora Pro pretenda reformular el vandalismo rural duplicando delitos que ya existen y proponiendo penas inferiores a las vigentes. Defender al productor exige mejorar el Código Penal, no introducir contradicciones que terminen favoreciendo a quienes delinquen".

El proyecto obtuvo dictamen de mayoría en las comisiones de Legislación Penal y de Agricultura y Ganadería, un paso clave para llegar al recinto. La discusión de fondo que plantea la oposición es si la nueva norma realmente endurece el castigo o si, por el contrario, abre la puerta a penas más leves que las que ya rigen.