El diputado nacional del peronismo entrerriano Guillermo Michel presentó un proyecto de ley para dejar sin efecto los beneficios económicos y fiscales que reciben las empresas chilenas que invierten en la Argentina. La iniciativa responde al retorno de la ruta comercial entre Punta Arenas y las Islas Malvinas, que se reabrirá en noviembre con la primera navegación del buque Danstar, de bandera chilena y propiedad de Easter Island Naviera.

El proyecto insta al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, a denunciar dos acuerdos vigentes con Chile: el Tratado sobre Promoción y Protección Recíprocas de Inversiones, aprobado por la Ley 24.342, y el Convenio para Eliminar la Doble Imposición en materia de renta y patrimonio, aprobado por la Ley 27.274.

Qué implican esos tratados

Ambos instrumentos otorgan ventajas a las compañías chilenas que invierten y obtienen rentas en el país. Fijan topes para las retenciones sobre ganancias derivadas de dividendos, intereses y regalías, lo que reduce la carga fiscal de esas firmas.

Michel vinculó directamente su propuesta con la reapertura de la ruta marítima, que abastecerá a los habitantes de las Islas y restablecerá un servicio comercial regular con Puerto Argentino.

"El retorno de la ruta comercial Punta Arenas-Malvinas es una muestra concreta de la falta de solidaridad de Chile con la causa Malvinas", afirmó el legislador.

Y agregó: "Nuestro país debe sostener la defensa de la soberanía sobre las Islas Malvinas, su territorio y recursos naturales. Además, no puede soslayar el accionar de países que se dicen hermanos pero que prestan colaboración logística al accionar ilegal de empresas en ese territorio argentino".

Un contexto diplomático sensible

La presentación del proyecto se da en un momento de especial sensibilidad en la agenda diplomática. A mediados de septiembre, el gobierno de Javier Milei envió a la Cámara de Diputados el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que eleva drásticamente las penas para quienes exploten recursos naturales en las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes sin autorización del Estado argentino.

Michel sostuvo que la medida no busca romper relaciones: "Si Chile decide hacer negocios de manera ilegal en Malvinas no puede tener de parte de la Argentina beneficios económicos y fiscales por sus inversiones en nuestro país. Tienen que decidirse. El planteo es razonable, no se busca romper el diálogo ni las relaciones diplomáticas. Pero tampoco nuestro país puede mantener ventajas económicas y fiscales a Chile si sigue yendo en contra de la causa Malvinas".

El proyecto ahora deberá seguir su curso parlamentario, mientras el Gobierno nacional evalúa los próximos pasos en materia de política exterior.