La Sindicatura General de la Nación (SIGEN) aprobó este martes la Resolución SIGEN N° 292/2026, que deja sin efecto las normas vigentes desde 2002 y establece un nuevo marco técnico y metodológico para la auditoría interna del sector público nacional y de las universidades.
Nuevos principios de la auditoría
El texto reformulado transforma la auditoría de una mera revisión retrospectiva a una función que identifica riesgos, anticipa problemas y brinda información para la toma de decisiones. Se refuerzan la independencia y la objetividad, y se amplía el rol de la auditoría como garante estratégico.
Tecnología y gestión de riesgos
Las normas incorporan el uso de herramientas digitales para la captura, análisis y evaluación de datos, así como la gestión de los riesgos asociados a la tecnología. Los equipos deberán contar con competencias en análisis de riesgos, manejo de datos y comunicación clara de sus hallazgos.
"La auditoría tiene que ser una herramienta útil para la gestión. Controlar no es poner obstáculos: es ayudar a que las cosas se hagan mejor", señaló Alejandro Díaz, síndico general de la Nación.
Enfoque productivo y control de costos
Se introduce un criterio de productividad que obliga a la auditoría a evaluar costos innecesarios, calidad de bienes y servicios, y el impacto económico de los controles. Las recomendaciones deberán considerar la relación costo‑beneficio y los efectos sobre los procesos de gestión.
Contexto del Congreso de Control Gubernamental
La actualización se dio a conocer tras el 2.º Congreso Internacional de Control Gubernamental, organizado por la SIGEN bajo el lema “La auditoría pública frente a los desafíos del siglo XXI”. El evento reunió a más de 750 participantes, 42 ponentes y representantes de 11 países, y sirvió de plataforma para presentar estas reformas.
Con la nueva normativa, el Estado busca adaptar su sistema de control interno a una gestión cada vez más compleja y tecnológica, sentando las bases para una auditoría más proactiva y orientada a la mejora continua.
