El 30 de diciembre de 2026 entrará en vigor el Reglamento (UE) 2023/1115, que obliga a los importadores europeos a demostrar que la madera, la soja y la carne vacuna provienen de áreas sin deforestación. Enrico Prezio, primer secretario de Economía y Comercio de la Delegación de la Unión Europea en la Argentina, indicó que los exportadores locales que ya tengan la documentación de origen podrían obtener una ventaja competitiva.

Trazabilidad obligatoria

La normativa asigna la responsabilidad al operador que introduce el producto en el mercado de la UE. Ese actor debe realizar una “debida diligencia” y presentar una declaración que certifique la ausencia de deforestación desde 2021. Para ello, solicitará al proveedor argentino información detallada, como la geolocalización de parcelas forestales o, en el caso del ganado, la ubicación de los establecimientos donde se crió.

"Toda la obligación recae en el operador económico que pone el producto en el mercado europeo", explicó Prezio durante un seminario forestal en Posadas.

Argentina entre riesgo y oportunidad

Actualmente la UE clasifica a Argentina como país de riesgo estándar, lo que implica requisitos más estrictos que para naciones consideradas de bajo riesgo. Sin embargo, el diplomático señaló que la regla no excluye a los productores de la zona pampeana, donde la producción históricamente no ha generado deforestación. La diferencia radica en la disponibilidad de datos: los exportadores que ya hayan documentado y georreferenciado sus cadenas de suministro podrán responder rápidamente a la solicitud del importador.

Calendario y próximos pasos

Según la Comisión Europea, la aplicación será escalonada: 30 de diciembre de 2026 para grandes y medianas empresas, y 30 de junio de 2027 para la mayoría de micro y pequeñas. Prezio advirtió que la ventaja competitiva se decidirá en el próximo pedido del cliente, cuando el importador necesite respaldar su declaración con información verificable.

La Argentina ha presentado una queja ante la Organización Mundial del Comercio, argumentando que la evaluación no consideró adecuadamente sus sistemas de trazabilidad y monitoreo. Por ahora, el país sigue bajo la clasificación de riesgo, lo que significa que los exportadores que aún no cuenten con la documentación requerida podrían enfrentar mayores obstáculos para acceder al mercado europeo.