Los productores de General Alveal y San Rafael, en el sur de Mendoza, solicitaron este jueves que la provincia vuelva a asumir la lucha antigranizo, luego de que el financiamiento provincial fuera retirado y la carga recayera sobre los municipios.

Desde hace dos años los gobiernos locales cubren los costos del operativo, que incluye aviones, pirotecnia y personal técnico, tras la decisión provincial de dejar de aportar el 50 % de los gastos y los equipos de radar.

"En septiembre y octubre ya deberían estar operando los aviones y no hay nada", denunció Martín Moral, productor de General Alvear, frente a Bichos de Campo.

Reclamos municipales

El municipio de San Rafael envió recientemente una carta al ministro de Producción de Mendoza, Rodolfo Vargas Arizu, con siete preguntas de sí o no para esclarecer el futuro del sistema. El secretario de hacienda local, Sebastián Sáenz, reiteró la necesidad de la herramienta: "Queremos que quede claro que San Rafael necesita la lucha antigranizo".

Sáenz explicó que, durante la primera campaña, la provincia aportó los aviones, el radar y la mitad de los costos operativos. En la campaña siguiente, esos rubros pasaron a ser responsabilidad municipal, aunque la provincia entregó un remanente de pirotecnia de la campaña anterior.

Propuesta provincial y su rechazo

Para la próxima temporada, la provincia habría ofrecido ceder los aviones pero trasladar la compra de pirotecnia y el financiamiento de los costos asociados a los municipios. "En estas condiciones, como municipio, no podemos", sostuvo Sáenz, añadiendo que la herramienta también protege al turismo y a la economía regional.

Los agricultores advierten que la incertidumbre del operativo genera ansiedad en una zona donde una tormenta de granizo puede destruir en minutos toda una cosecha. El método consiste en lanzar bengalas desde aviones para interferir en la formación del granizo, una técnica que, aunque no garantiza la ausencia total de daños, ha sido considerada vital por los productores.

"Una granizada en 2010 nos obligó a erradicar cientos de ciruelos; la pérdida no se limitó a una cosecha", recordó Moral, subrayando el impacto prolongado de estos eventos.

Los municipios esperan una respuesta concreta del gobierno provincial para definir si el esquema propuesto será viable o si deberán buscar alternativas para proteger sus cultivos y la actividad turística.