La crisis bancaria que sacude a Paraguay sumó este jueves un capítulo político: legisladores de la oposición lograron las firmas necesarias para que la Cámara de Diputados trate un pedido de juicio político contra el presidente Santiago Peña. La acusación apunta al "mal desempeño de sus funciones en el ejercicio del cargo" y a un presunto conflicto de intereses por su antigua participación accionaria en el grupo que controlaba Ueno Bank, la entidad que el Banco Central intervino el martes por una insuficiencia de capital.

El detonante financiero

La intervención de Ueno encendió las alarmas en un sistema con pocos antecedentes de este tipo. El banco atendía a cerca de 3 millones de clientes en un país de 6,4 millones de habitantes y concentraba unos 850 millones de dólares en depósitos públicos. A eso se suma que el Instituto de Previsión Social (IPS), encargado de las jubilaciones, tenía invertidos alrededor de 355 millones de dólares en la entidad.

El impacto institucional no tardó en llegar: el titular del Banco Central, Carlos Carvallo, dejó su cargo. La crisis dejó de ser solo financiera para convertirse en un frente político abierto para el Ejecutivo.

La respuesta del Gobierno y las calles

Peña se desprendió de sus acciones en el grupo controlador de Ueno durante 2025, pero la oposición sostiene que eso no borra el conflicto. A través de sus redes sociales, el mandatario llamó a la calma y aseguró que los responsables rendirán cuentas ante la Justicia "sin excepciones". También promulgó una ley para que los ahorristas recuperen parte de su dinero mediante el fondo de garantía en los próximos cinco días.

Las medidas no frenaron el malestar. Desde la noche del martes, cientos de personas se movilizan en Asunción para reclamar la devolución de sus ahorros y pedir la renuncia del presidente.

Qué sigue

Además del juicio político, Peña enfrenta cuestionamientos por el presunto conflicto de intereses y por el aumento de su patrimonio. El pedido opositor ya tiene las firmas requeridas y este jueves será el turno de la Cámara de Diputados, donde se definirá si la acusación avanza.