El viernes, el gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, promulgó el Decreto 1935, que ordena al Fiscal de Estado Eduardo Duarte iniciar las acciones judiciales necesarias para bloquear cualquier venta de tierras rurales a extranjeros, después de que el DNU 70/2023 eliminara las restricciones nacionales existentes.

Medida sin precedentes

Misiones se convirtió en la primera provincia argentina en adoptar una herramienta legal directa para contrarrestar la derogación de la Ley 26.737, que establecía límites a la adquisición de terrenos por parte de no residentes. La instrucción del gobernador permite que la Fiscalía se oponga, mediante los cauces que estime convenientes, a cualquier operación que afecte el patrimonio provincial en la zona fronteriza.

Impacto del DNU 70/2023

Según Passalacqua, la normativa nacional vulnera la soberanía territorial, afecta las finanzas públicas y altera las reglas que regulan sectores estratégicos para el desarrollo local. El mandatario señaló que la provincia posee el 90 % de frontera internacional con Brasil y Paraguay, y que la biodiversidad y la matriz productiva dependen de la protección del suelo.

"No podemos permitir que nuestro suelo quede desprotegido", afirmó el gobernador en su cuenta de X.

Reacción del gobernador

Passalacqua explicó que la medida responde a la sentencia de la Corte Suprema que, al invalidar un fallo previo, dejó a Misiones en una situación de "desprotección y vulnerabilidad" frente a la libre adquisición de territorio por parte de extranjeros. Añadió que la acción del fiscal será activada "en caso de que exista una venta de tierra en zona de frontera misionera".

"Cuidar la tierra misionera es un deber irrenunciable con nuestra soberanía y con nuestra gente", reiteró.

El decreto indica que el fiscal deberá ejercer, por los medios que resulten técnicamente más oportunos, las defensas necesarias para proteger los derechos e intereses del Estado provincial frente a la derogación de la Ley 26.737.

Con esta iniciativa, Misiones busca sentar un precedente y reforzar el control sobre sus recursos naturales mientras se evalúan otras vías judiciales a nivel nacional.