El presidente Javier Milei confirmó que la morosidad de los hogares argentinos ha aumentado, según datos de la Central de Deudores del Banco Central. El anuncio se dio tras la difusión de un informe que también respaldaron el empresario Marcos Galperín y el asesor presidencial Santiago Caputo.
El documento, publicado en la red X por el analista Matías Fernández, señala que la mayor parte de los deudores presentan situaciones “positivas”. Sin embargo, el análisis destaca que el crecimiento de la morosidad se explica, en gran medida, por la pérdida de ingresos y el encarecimiento de la vida.
"Nadie les puso un revólver en la cabeza", afirmó Milei, al describir la situación de los endeudados.
Según el informe, la mayoría de los créditos se destinan a cubrir gastos básicos. Un relevamiento del Instituto Periferias, realizado en agosto sobre más de 5.000 personas, reveló que 59,8 % de los residentes de barrios populares tiene alguna deuda y que 42,3 % de los endeudados utilizó el dinero para comprar alimentos.
El estudio también muestra que gran parte de las deudas son de montos modestos, lo que indica que el crédito se usa para financiar necesidades que los ingresos corrientes ya no cubren.
¿Qué explica el informe?
Los autores sostienen que las tasas de bancos y billeteras virtuales no son el problema y que el nivel de endeudamiento es bajo. En su visión, la responsabilidad recae en decisiones individuales, fallas de las entidades financieras y falta de educación financiera.
El contexto económico subyacente
Mientras el gobierno eleva la tasa de interés de referencia y mantiene un tipo de cambio artificial, los salarios reales siguen por debajo de la inflación. La combinación de salarios estancados, mayor costo del crédito y desregulación del sistema financiero ha limitado la capacidad de consumo de millones de hogares.
El informe, aunque extenso, tiende a separar el fenómeno financiero de las condiciones económicas que lo originan, presentando la morosidad como un asunto meramente privado.
Próximos pasos
El Gobierno no ha anunciado medidas específicas para abordar la brecha entre ingresos y costos de vida, pese a la evidencia de que la morosidad está vinculada a la pérdida real de poder adquisitivo.