La Argentina activó una instancia judicial internacional para intentar detener el proyecto petrolero Sea Lion, que las firmas Rockhopper Exploration (británica) y Navitas Petroleum (israelí) planean desarrollar en la Cuenca Malvinas Norte. La presentación ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar busca medidas provisionales que impidan el inicio de las perforaciones, previstas en un programa de 23 pozos y 35 años de producción.

El anuncio de la estrategia integral lo había hecho el presidente Javier Milei por cadena nacional el 3 de septiembre. La instrucción fue usar todas las herramientas diplomáticas y jurídicas disponibles para responder a lo que el Gobierno considera una amenaza concreta sobre recursos de la Plataforma Continental argentina.

Una causa con respaldo regional

La avanzada judicial se apoya en un frente diplomático amplio. La Asamblea General de la ONU y su Comité Especial de Descolonización (C24), la OEA, el Mercosur, la Celac, la Aladi y el Grupo de los 77 y China respaldaron el reclamo argentino. La Cumbre Iberoamericana de Madrid, realizada los días 4 y 5 de noviembre, volvió a pedir negociación y a rechazar medidas unilaterales.

El Gobierno sostiene que el Reino Unido se niega sistemáticamente al diálogo y que las licencias emitidas para operar en las islas carecen de legitimidad. Frente a eso, la Cancillería sumó la vía judicial al trabajo bilateral y multilateral.

Quiénes armaron el caso

La preparación del reclamo contra el Reino Unido demandó meses de trabajo coordinado. El equipo jurídico estuvo integrado por el embajador Mario Oyarzábal, consejero legal de la Cancillería; María Ibarzabal Murphy, secretaria Legal y Técnica de la Presidencia; Santiago Castro Videla, subprocurador del Tesoro; Juan Ignacio Stampalija, secretario Legal de Economía; y los especialistas Marcelo Kohen, Nico Schrijver y Agustín Giustiniani.

Además, el 28 de septiembre la Argentina inició un arbitraje contra el Reino Unido. Ambos países son parte de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y aceptaron sus mecanismos de solución de diferencias. El Anexo VII de ese tratado prevé la formación de un tribunal de cinco árbitros independientes cuya decisión ambas partes deben acatar.

El objetivo declarado es preservar reservas que, una vez extraídas, no se recuperan. La causa por la soberanía de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes sigue siendo, para el Gobierno, una política de Estado que ahora se juega también en los estrados internacionales.