El Gobierno activó esta semana la maquinaria para avanzar con la suspensión de las PASO, el proyecto que puede definir el rumbo del tramo final de la gestión de Javier Milei. La orden se impartió el jueves por la mañana, poco después de que terminara la visita de León XIV, y el primer paso concreto será el martes en la comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, donde el oficialismo buscará emitir dictamen.

La iniciativa no solo define cómo se elegirán los candidatos el año próximo. También pone a prueba la capacidad de Milei para acordar con los gobernadores, enviar señales de previsibilidad a los mercados y mantener la cohesión interna de su espacio. En el oficialismo la leen como una señal de gobernabilidad: la ley que puede marcar el inicio de una recuperación o el principio de la declinación.

Un doble movimiento y dos decisiones de fondo

El primero en apurar el trámite fue Martín Menem, que anticipó que la idea es avanzar con la media sanción en el Senado en las próximas dos semanas. Poco después, el presidente de la comisión, el libertario Agustín Coto, citó a una reunión para el martes con el objetivo de firmar dictamen.

Detrás de ese doble movimiento hubo dos evaluaciones que se discutieron puertas adentro del poder. La primera es que el Gobierno no podía seguir girando en círculos: economía lenta, decenas de proyectos trabados en el Congreso y dificultades para articular la gestión. La segunda, más estratégica, se tomó hace unos diez días: desacoplar la negociación por las PASO y el presupuesto del cierre de los acuerdos electorales con los gobernadores.

"Se decidió no condicionar el diálogo por las primarias con el cierre de listas. Esto se paga al contado porque nadie tiene certezas de qué va a pasar el año próximo", resume una fuente del karinismo al tanto de las conversaciones.

La pirueta legislativa y el borrador que casi nadie vio

En la comisión, el oficialismo deberá reemplazar el proyecto original, que proponía eliminar las PASO, por otro que plantea su suspensión temporal. La nueva versión incorpora además el sistema de adhesiones, conocidas como colectoras, un agregado que formó parte de la negociación con los radicales, en particular con los gobernadores Alfredo Cornejo y Maximiliano Pullaro.

El esquema tiene dos flancos débiles. Por un lado, las adhesiones suman votos radicales pero pueden restar votos propios, porque se trata de un mecanismo cuestionado en varias provincias, entre otros por Patricia Bullrich y Luis Juez. Por el otro, casi nadie conoce el nuevo texto: solo circuló un borrador incompleto que la mayoría de la propia bancada oficialista ignora.

Pese a eso, en el Gobierno repiten que "si se convocó a la comisión es porque se va a firmar dictamen". En La Libertad Avanza no todos comparten ese optimismo y dudan de que estén los números para aprobar el proyecto en el recinto. Allí cuentan con 21 votos propios, a los que podrían sumarse 7 radicales y un número impreciso de senadores que responden a los gobernadores. El Pro, por ahora, mantiene su oposición.

El frente Bullrich, una subtrama clave

En este punto aparece una disputa relevante: el frente Bullrich. La senadora sostiene desde hace tiempo que el responsable de reunir los votos es Diego Santilli, porque forma parte del acuerdo con los gobernadores.

El desenlace de esta negociación definirá algo más que el sistema electoral: será la primera prueba de fuego para medir cuánto margen real tiene el Gobierno para sostener su rumbo político en el año que viene.