El juzgado federal de Tierra del Fuego declaró competente para conocer una causa que busca impedir la actividad petrolera en la Cuenca Norte de las Islas Malvinas, impulsada por dos compañías extranjeras.

Avance judicial

La jueza federal de Garantías de Río Grande, Mariel Borruto, señaló que el caso corresponde al fuero federal y ordenó que la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur participe como parte interesada. La fiscalía provincial tiene diez días para presentar la representación que salvaguarde el patrimonio y el medio ambiente.

"El proyecto carece de una evaluación de impacto ambiental ante autoridades argentinas", afirmó la Asociación de Abogados y Abogadas Ambientalistas (AAdeAA).

Quiénes están detrás del proyecto

Las empresas involucradas son la israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration, que forman el consorcio conocido como Sea Lion. Ambas planifican perforar y extraer petróleo en una zona offshore que, según la jueza, se ubica sobre el lecho y subsuelo de la plataforma continental bajo jurisdicción marítima nacional.

Motivos de la denuncia

El Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) y la AAdeAA presentaron la acción preventiva alegando que las licencias fueron otorgadas unilateralmente por el Reino Unido, sin contar con el certificado de aptitud ambiental exigido por la Ley General del Ambiente N° 26.675. Además, sostienen que la iniciativa vulnera la soberanía argentina sobre el archipiélago.

Implicancias ambientales y de soberanía

El fiscal Marcelo Rapoport, a cargo de la Sede Fiscal Descentralizada Río Grande, y la auxiliar fiscal Lorena Bendaña coincidieron en que el posible daño ambiental supera la capacidad de una jurisdicción local, dada la conexión oceanográfica con el Atlántico Sur y las ecorregiones del Mar Argentino. El proyecto contempla pozos submarinos, una unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga, y una red de ductos verticales.

Próximos pasos

Los demandantes deben traducir al español los documentos redactados en idiomas extranjeros y presentarlos en formato digital dentro de los próximos cinco días, a fin de que el tribunal evalúe las medidas cautelares solicitadas. La resolución abre la puerta a que la provincia ejerza sus atribuciones sobre los recursos naturales y la regulación ambiental en la zona.