La pyme FADEMI, ubicada en Larroque, Entre Ríos, atravesó un conflicto laboral que comenzó en junio de 2024. El juez Julio Armando Grisolía revocó una sentencia que ordenaba la reincorporación de 35 trabajadores despedidos que participaron en un bloqueo sindical.

La resolución se dictó el 17 de este mes y se convirtió en otro capítulo de una pesadilla que sufrió la pyme familiar que fabrica baterías para vehículos. El conflicto comenzó cuando el Sindicato de Trabajadores Químicos y Petroquímicos de Zárate-Campana inició protestas en reclamo de un aumento salarial que, según la empresa, era imposible de pagar.

Entre abril de 2023 y abril de 2024, los empleados habían recibido una mejora del 400% en sus salarios, más de 100 puntos por encima de la inflación acumulada, que fue del 290%. Aun así, el sindicato adujo que el aumento no era suficiente y comenzó con las medidas de acción directa.

El conflicto escaló hasta llegar al bloqueo de la planta y la producción se redujo a cero. La empresa entró en una situación dramática y su flujo de fondos estuvo cortado. El sindicato también impulsó agresiones contra los dueños de FADEMI, incluyendo pintadas en sus casas y bombas de estruendo.

Antecedentes del conflicto

El sindicato argumentó que FADEMI no cumplía con las condiciones de seguridad en la planta y ejecutó descuentos sin justificación en los salarios. Sin embargo, la empresa negó estas acusaciones y argumentó que el sindicato no tenía razones válidas para justificar su reclamo.

Resolución del conflicto

La resolución del juez Grisolía dejó en firme las cesantías de los 35 trabajadores despedidos. La empresa consideró que esta resolución era un paso hacia la normalización de la situación y la reanudación de la producción.

La justicia laboral también consideró que el sindicato había excedido sus límites en el conflicto y que las medidas de fuerza habían sido injustificadas. La resolución se convirtió en un precedente importante para la justicia laboral en la región.