El 14 de octubre de 2026 el juez federal Martín Cormick impuso multas diarias de $100.000 al jefe de Gabinete por incumplir la medida cautelar que ordena aplicar la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario. Al día siguiente, la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal suspendió provisionalmente esas sanciones.
Reacción del colectivo judicial
Ante la medida, el Consejo de la Magistratura (Copaju) emitió un comunicado en el que calificó de "campaña de descalificación y presión" los ataques dirigidos al magistrado. > "No se tolera este nuevo intento de disciplinar a los magistrados que cumplen con la ley", señaló Copaju.
El organismo, firmado por el juez retirado César Raúl Jiménez, sostuvo que la verdadera infracción corresponde al Poder Ejecutivo, que ignora una norma vigente y el proceso judicial que la respalda. > "Quien viola la ley es el Ejecutivo", afirmó la agrupación.
Suspensión de las astreintes
Copaju defendió el uso de las astreintes –las multas aplicadas al Estado– argumentando que son un mecanismo previsto por el ordenamiento para evitar que las sentencias queden en “letra muerta”. > "No son una agresión política, son la herramienta que la ley prevé", indicó la asociación.
Exigencias al Ejecutivo
El comunicado concluyó pidiendo el cumplimiento inmediato de la Ley 27.795 y de todas las resoluciones judiciales firmes. Además, convocó a la comunidad jurídica, colegios profesionales y asociaciones de magistrados a salvaguardar la independencia judicial frente a cualquier forma de presión.
La suspensión de las multas se dio en medio de la quinta Marcha Federal frente al Congreso, lo que intensificó el debate sobre la relación entre el Poder Judicial y el Ejecutivo en el actual gobierno.
