Más de 5 millones de personas habitan en 6.467 barrios populares de la Argentina. Ante esta realidad, la Iglesia, la fundación TECHO y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) presentaron un proyecto de ley respaldado por 11 bloques legislativos de 10 provincias, con el objetivo de asegurar financiamiento para obras de integración socio‑urbana hasta 2036.
La propuesta de ley
El proyecto, impulsado por el diputado Juan Grabois, plantea fijar un piso presupuestario atado al Producto Bruto Interno (PBI). La medida responde a un fallo judicial que obligó al Congreso a garantizar recursos tras la disolución del Fondo de Integración Socio‑Urbana.
Posición de la Iglesia
El arzobispo de La Plata, Gustavo Carrara, subrayó la necesidad de que los recursos no dependan de la voluntad política de cada gestión. "Para eso es necesario el diálogo", afirmó el religioso, y añadió que la integración debe reconocer el protagonismo de los vecinos. > "Para eso es necesario el diálogo", afirmó el arzobispo Gustavo Carrara.
Carrara también destacó que los habitantes de los barrios populares organizan su lucha por mejores condiciones: "Los vecinos trabajan con laboriosidad para pasar del techo de chapa a la losa y así proteger a sus hijos y nietos".
Próximos pasos
El proyecto será evaluado en el Congreso, donde los legisladores de los 11 bloques presentarán la iniciativa a las comisiones correspondientes. De aprobarse, la ley establecerá un mecanismo de financiamiento estable y predecible para los programas de urbanización, cumpliendo con la exigencia judicial y reduciendo la incertidumbre presupuestaria.
Cierre: La discusión legislativa está programada para los próximos meses, y su avance será clave para garantizar recursos continuos a los barrios populares que más lo necesitan.
