El Gobierno prorrogó hasta el 31 de diciembre la suspensión de juicios de ejecución y medidas cautelares por obligaciones fiscales impagas de clínicas y centros de salud. La decisión se formalizó con resoluciones del Ministerio de Economía y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

La medida, que comenzó como algo transitorio, se extendió en el tiempo. Según el sector, hay alrededor de 5000 entidades con obligaciones impagas, algunas desde hace varios años.

La resolución de Economía argumenta que las circunstancias que llevaron a establecer la medida “permanecen vigentes”. Sin embargo, no se conocen proyectos oficiales para ofrecer una solución de fondo.

Origen de la situación

La situación se remonta a la declaración de la emergencia sanitaria después de la crisis de 2001. Desde entonces, las clínicas y empresas de salud pueden no pagar obligaciones con el fisco sin quedar expuestas a juicios y embargos.

Propuesta del sector

La asociación de prestadores Adecra+Cedim propuso una consolidación de deudas que involucra al sector y al Estado. Buscan contemplar obligaciones impagas y saldos a favor de las entidades, como acreencias con el fisco por el IVA pagado en compras.

La propuesta incluye la posibilidad de saldar obligaciones de la seguridad social con créditos derivados del IVA de forma permanente.

Plan de facilidades

La agencia ARCA estableció un plan de facilidades de pago de deuda específico para la actividad, con un plazo de hasta 60 cuotas y una tasa de financiamiento de 1,375% mensual. Sin embargo, no reduce intereses ni sanciones por la mora, ni incluye la totalidad de las obligaciones impagas.

Fuentes del sector advierten que este tipo de medidas no trae una solución de fondo y que la respuesta debería tener en cuenta el tratamiento de los “saldos técnicos del IVA”.