El Ejecutivo nacional, liderado por Javier Milei, presentó el proyecto de presupuesto 2027 con una drástica reducción del gasto en infraestructura vial. La partida destinada a obras viales representa solo el 0,3 % del PIB, y el mantenimiento de la red nacional se verá reducido en 66,7 % respecto a 2023.

Desglose de la reducción

Según el propio documento presupuestario, de las 2.339 obras que el Estado había recibido en ejecución, 1.683 fueron canceladas, 457 transferidas a provincias y apenas 199 continúan bajo gestión federal. En 2024 se iniciaron solo 18 obras y ninguna está programada para 2025.

El organismo Vialidad Nacional verá su presupuesto real en 2027 72,8 % menor que en 2023. Dentro de esa cifra, la asignación para mantenimiento se contrae 66,7 %, mientras que la destinada a rehabilitación y repavimentación baja 78,6 %.

"El gasto proyectado para 2027 continúa cerca de 80 % por debajo del nivel de 2023", señaló un informe de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).

Reasignación de obras y transferencia a provincias

El plan contempla trasladar la mayor parte de los proyectos a gobiernos provinciales y municipales, reduciendo la presencia directa del Estado en la obra pública. La estrategia busca también abrir corredores viales a la iniciativa privada, con la expectativa de que los peajes financien el mantenimiento que el Estado deja de cubrir.

Perspectiva de la inversión

En términos reales, la inversión destinada a nuevas construcciones viales para 2027 será de $372.915 millones, lo que representa un aumento del 29,7 % respecto a 2026, pero sigue siendo 75,8 % menor que lo invertido en 2023. El mantenimiento, por su parte, contará con $332.683 millones, una caída del 2,6 % respecto a 2026 y del 66,7 % frente a 2023, según datos del Observatorio de Coyuntura Económica y Políticas Públicas (OCEPP).

"El mantenimiento permanece en el nuevo piso que dejó el ajuste desde el inicio de la actual administración", indicó el OCEPP.

Conclusiones

El presupuesto 2027 consolida una política de reducción estructural del gasto en infraestructura, con énfasis en la delegación de obras a entes subnacionales y la incorporación del sector privado para la gestión de rutas. La disminución del financiamiento estatal plantea desafíos para la conservación de la red vial y abre la puerta a la implementación de peajes como principal fuente de recursos.