El Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) oficializó este jueves la designación del contador Sebastián Nicolás Pratto como auditor interno del organismo. El problema es que Pratto llega a ese puesto después de haber ocupado la gerencia general, es decir, la misma silla que ahora quedará en manos de Rosana Biale. La resolución 109/2026, publicada en el Boletín Oficial, reconoce esa incomodidad desde el arranque: el nuevo auditor deberá abstenerse de intervenir en cualquier revisión sobre expedientes, contrataciones, pagos, registros y operaciones en los que haya tenido participación.

Un nombramiento con letra chica

La designación de Pratto se resolvió con 7 votos a favor y 3 en contra, el mismo resultado que acompañó la llegada de Biale a la gerencia general. Los representantes del sector cooperativo, Elian Genski y Gerado Vallejos, se abstuvieron. De las 21 postulaciones que se presentaron para el cargo de auditor, solo 12 fueron consideradas válidas. Pratto se impuso sobre Marcelo Williams Otto, que venía cubriendo el puesto de manera interina.

El propio texto oficial explica la limitación: el Directorio evaluó que haber sido gerente "puede incidir sobre la independencia y objetividad exigibles al órgano de fiscalización interno respecto de la gestión en la que intervino". Las normas de auditoría, agrega la resolución, presumen afectada la objetividad cuando el auditor evalúa actividades de las que fue responsable dentro de los doce meses anteriores.

Quién controla qué

Para los asuntos de los que Pratto deba apartarse, el control quedará en manos de la Sindicatura del instituto. Además, la resolución habilita a la Presidencia a elevar al Directorio, en un plazo de 30 días, una propuesta para designar un auditor independiente ad hoc que revise los estados contables de 2026 y los informes trimestrales de períodos anteriores a su asunción. Ese profesional no tiene por qué ser externo: la norma permite elegir tanto a un contador del propio organismo como a uno de afuera.

La semana pasada, el presidente del INYM, Rodrigo Correa, había conseguido imponer a Biale como gerenta general tras una reunión marcada por el retiro de varios representantes. Su postulación generó resistencia porque ya había ocupado ese cargo antes y su salida del organismo había terminado en un conflicto laboral con una indemnización superior a los 40 millones de pesos.

Con esta reorganización, una parte de los controles internos queda repartida entre la Sindicatura y una designación específica que todavía debe definirse. El mecanismo busca cubrir los frentes que el nuevo auditor no podrá evaluar por su paso por la gestión.