La Corte Suprema tiene que resolver si mantiene la obligación del Estado de abonar los honorarios de los abogados que ganaron el juicio civil abandonado contra Cristina Kirchner. El proceso, iniciado por la Dirección Nacional de Vialidad, quedó sin avance entre el 17 de marzo y el 7 de abril de 2025, cuando ya estaba al frente el gobierno de Javier Milei.
Honorarios en juego
La Sala III de la Cámara Civil y Comercial Federal determinó que la falta de impulso del Estado provocó la “caducidad de la instancia”, lo que obligó a pagar 13.614 millones de pesos (cerca de $10 millones con IVA incluido) a doce abogados. El monto más alto corresponde al letrado Miguel Ángel Arce Aggeo, que percibirá 3.714 millones de pesos (aprox. $2,43 millones). Otros profesionales, como Mariano Fragueiro Frías y Mario Fernando Ganora, recibirán 1.857 millones de pesos cada uno (cerca de $1,21 millones).
"Estamos frente a una privación de justicia", declararon Luis Goldín y Fernando Muriel al presentar su recurso ante la Corte.
Recurso ante la Corte Suprema
Los abogados que representaron a Kirchner y a los demás acusados solicitaron que la Corte anule la medida que paralizó la regulación de honorarios. El recurso, presentado el 4 de agosto, no es una queja ordinaria sino una petición directa por “efectiva privación de justicia”, argumentando que el Código Procesal Civil y Comercial impide que se suspenda el trámite mientras la Corte no se pronuncie.
Mientras tanto, la Sala había detenido el trámite el 14 de julio, a la espera de la decisión suprema. La controversia gira en torno a si el Estado, y por ende los contribuyentes, debe asumir el costo de los honorarios que la justicia ya calculó.
Próximos pasos
La Corte Suprema deberá pronunciarse próximamente sobre la validez del recurso y, en caso de confirmar la obligación, el Estado abonará los honorarios a los doce letrados, cuyo pago representa una carga financiera significativa para el erario nacional.
