La Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa aprobó por unanimidad abrir una investigación que examine si la Fiscalía General de la República y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) gestionaron adecuadamente las denuncias de amenazas realizadas por el periodista Camilo Rodríguez Chaverri antes de su muerte el 16 de noviembre de 2026 en San Miguel de Santo Domingo, Heredia.
Objetivo y alcance
El objetivo es determinar si las instituciones recibieron, tramitaron y siguieron los protocolos de protección correspondientes. La pesquisa se centrará exclusivamente en las actuaciones previas al homicidio y no sustituirá las diligencias penales que persiguen a los responsables del asesinato.
Convocatoria a los altos funcionarios
Los legisladores acordaron citar a tres autoridades del Poder Judicial: Carlo Díaz Sánchez, fiscal general de la República; Mauricio Boraschi Hernández, fiscal adjunto; y Michael Soto Rojas, director interino del OIJ. Durante la comparecencia deberán explicar qué información poseían sobre las amenazas, qué decisiones tomaron y si hubo incumplimientos de sus deberes institucionales.
"Mínimo debería esta Asamblea Legislativa y esta comisión llevarle el pulso", señaló la diputada oficialista Kattia Calvo.
Divergencias en el debate
Algunos legisladores advirtieron sobre el momento de iniciar la pesquisa. La diputada Abril Gordienko (Partido Unidad Social Cristiana) consideró que abrir el expediente era prematuro y corría el riesgo de politizar el proceso.
"Me parece que abrir un expediente de investigación en este momento es prematuro y tiene el grave riesgo de contaminarse políticamente", afirmó.
Contexto del asesinato
Camilo Rodríguez fue abatido a balazos el lunes 16 de noviembre mientras investigaba presuntos nexos entre narcotráfico y figuras públicas. Su muerte reavivó la preocupación por la seguridad de periodistas que denuncian actividades criminales en Costa Rica. La investigación legislativa buscará esclarecer si existieron fallas en la protección ofrecida por la Fiscalía y el OIJ.
En caso de que se detecten omisiones, los diputados podrán solicitar medidas correctivas, aunque la responsabilidad penal seguirá correspondiendo a la justicia ordinaria.