Más de 200 efectivos de la Policía Nacional Civil y guardias penitenciarios entraron este viernes al centro de detención Los Jocotes, en el departamento de Zacapa, para revisar las instalaciones y sacar objetos prohibidos. Se trata del segundo día de requisas habilitado por el estado de sitio que rige en el oriente guatemalteco.
El operativo apunta a encontrar teléfonos celulares, armas y otros elementos vedados entre la población reclusa. Los equipos interinstitucionales avanzan módulo por módulo, de acuerdo con la Dirección General del Sistema Penitenciario.
De Puerto Barrios a Zacapa
La revisión en Los Jocotes llegó un día después de otra intervención en el Centro de Detención Preventiva de Puerto Barrios, en Izabal. En ese penal actuaron más de 80 integrantes de la Fuerza Élite junto a personal de control penitenciario, con el respaldo de otros 200 policías.
Las requisas se amparan en el Decreto 29-2026, con el que el Congreso ratificó el 17 de noviembre la medida de excepción que el presidente Bernardo Arévalo había decretado una semana antes para Zacapa e Izabal. La votación sumó 147 adhesiones y agregó una atribución que no figuraba en la iniciativa original del Ejecutivo: las fuerzas de seguridad pueden ingresar a las 22 cárceles del país, que alojan a más de 24.000 personas.
Esa ampliación quedó acotada al ámbito penitenciario. El régimen territorial de excepción sigue limitado a Zacapa e Izabal, aunque el Congreso evaluó incorporar a Huehuetenango, una propuesta que reunió 41 votos y no prosperó. La inclusión de los centros de detención nació de una moción de la diputada Inés Castillo, de la Unidad Nacional de la Esperanza, que después acompañó el pleno.
El Ejército confirmó que sostendrá la vigilancia perimetral de los penales como apoyo a las autoridades civiles, sin cambiar sus planes operativos ni recortar el personal afectado a esa tarea.
Los ataques que precedieron la medida
El decreto gubernativo 8-2026 se emitió el 14 de noviembre, tras una seguidilla de ataques armados que dejó al menos 17 muertos en el oriente del país. Entre los episodios previos se cuentan una emboscada en Río Hondo contra el diputado Julio César Portillo y agentes policiales, con cuatro víctimas fatales; un ataque en Huité con ocho fallecidos, y otro en el caserío El Tocino, con cinco muertos y tres mujeres heridas.
Arévalo sostuvo que las medidas buscan proteger a las comunidades, afianzar el control territorial del Estado y desarmar organizaciones criminales ligadas al narcotráfico. El mandatario subrayó que las operaciones se dirigen contra grupos delictivos y no contra quienes desarrollan actividades legítimas.
"Las operaciones se dirigen contra grupos delictivos y no contra quienes desarrollan actividades legítimas", remarcó el presidente.
El Departamento de Estado de Estados Unidos ya había catalogado a los clanes Lorenzana y Mendoza, con presencia en Zacapa e Izabal, como organizaciones terroristas extranjeras por su presunta conexión con cárteles mexicanos.
Extorsiones desde la prisión
La requisa que comenzó el jueves en Puerto Barrios respondió a denuncias del Ministerio Público que ubicaban al penal como punto de origen de llamadas extorsivas contra transportistas, comerciantes y particulares que circulan por la ruta al Atlántico.
El director general del Sistema Penitenciario, Jorge López, ordenó la intervención como parte de una segunda fase de pesquisas sobre estructuras criminales que, según las autoridades, coordinaban delitos desde el interior de la prisión. Ya se habían desarticulado tres bandas consideradas peligrosas en ese centro y trasladado a sus líderes a cárceles de máxima seguridad. También hay trabajadores del penal investigados por presunta colaboración con esas organizaciones.
Meses atrás, un intento de motín en el mismo recinto dejó varios reclusos muertos, algunos calcinados por otros integrantes de la población penitenciaria. Las autoridades atribuyeron ese episodio a disputas por el control interno.