El vandalismo rural dejó de ser un problema exclusivo de la región pampeana o del norte argentino. En la Patagonia, los productores y las autoridades judiciales observan con preocupación un fenómeno que crece al compás del resto de la criminalidad. El fiscal general de Chubut, Carlos María Díaz Mayer, confirmó que las estadísticas del ministerio público reflejan un incremento sostenido de los delitos en la provincia, y que los hechos ocurridos en establecimientos agropecuarios ocupan un lugar central en ese aumento.

Un 12% más de delitos y más casos rurales

El funcionario judicial trazó un diagnóstico directo: en la última medición, los delitos crecieron un 12% en territorio chubutense. Ese número no discrimina por ámbito, pero el fiscal advirtió que el campo no quedó al margen. "Aumentaron los delitos un 12% y como aumentaron los delitos también aumentó el delito rural", sostuvo Díaz Mayer. En la misma línea, enumeró las conductas que más se repiten: "más hechos de abigeato, sí tengo más hechos de incendios, sí tengo más hechos de usurpaciones o intentos de usurpaciones de campos".

El dato cobra relevancia porque el fenómeno ya se discute en el Congreso: un proyecto de ley con media sanción busca endurecer las penas para los casos de vandalismo rural.

Abigeato no es lo mismo que caza furtiva

Uno de los delitos más extendidos en la ruralidad patagónica es el cuatrerismo. Sin embargo, el fiscal general aclaró que existe una confusión frecuente en la opinión pública entre el abigeato y la caza furtiva. Para que una conducta se tipifique como abigeato, la normativa exige condiciones específicas vinculadas con la custodia de los animales y la intención del productor.

"Para que sea abigeato el dueño del animal lo tiene que haber dejado en algún lugar para criarse o para engordar; esa es la gran diferencia que tenemos, por ejemplo, con caza furtiva", precisó. La calificación legal también contempla la cantidad de animales involucrados —más de cinco— y el uso de medios de transporte para trasladar la hacienda.

La ruralidad como agravante en el pedido de pena

Al momento de solicitar sanciones ante los tribunales, la condición de ruralidad pesa. Como la hacienda y las instalaciones quedan lejos del control permanente del propietario, la Fiscalía pide a los jueces apartarse del mínimo de la escala penal. "Yo como fiscal le puedo pedir en esta adecuación de la pena le puedo agregar que se trata de un delito que se da en el ámbito rural y eso hace que suba un poco más la escala penal", explicó Díaz Mayer, que se apoya en los artículos 40 y 41 del Código Penal.

El fiscal comparó ese margen de graduación con otras escalas del derecho penal: "El juez no puede hacer lo que quiera con el número; tiene una escala de mínimo y techo. En esa graduación, el delito no es lo mismo matar a una persona que matar a dos, ni es lo mismo matar una vaca que matar dos que matar cinco que matar 15 que matar 50". La decisión final, en cualquier caso, queda en manos del magistrado.

Incendios en la cordillera, otra emergencia que se repite

A los delitos patrimoniales se suma una problemática ambiental y económica que golpea a la región cordillerana y precordillerana. Desde 2021, los incendios se repitieron casi todos los veranos en la Patagonia. El episodio más grave se registró en la zona de Puerto Patriada, Epuyén y Cholila, con un saldo que el material de base no detalla en su totalidad. La combinación de siniestros recurrentes, usurpaciones y abigeato configura un escenario que las autoridades judiciales ya colocan entre sus prioridades.