Durante la Argentina Week celebrada en París, el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, informó que la provincia reanudará la exportación de cobre a partir de mediados de 2027 desde el yacimiento subterráneo de Bajo La Alumbrera, cerrado desde 2018.
Consumo de agua y déficit hídrico
El proyecto minero requería volúmenes masivos de agua; en su pico de producción consumía alrededor de 69 millones de litros diarios, cifra equivalente a cinco veces el consumo total del departamento de Santa María (12 millones de litros) y al 31 % del gasto hídrico del Valle Central catamarqueño. Esa demanda provocó un déficit ambiental que se suma a la crisis climática que afecta a la región.
Afectación a comunidades originarias
El yacimiento, ubicado en las sierras de Capillitas, en la frontera entre Santa María y Belén, impactó a más de 40 comunidades originarias que habitan la zona. Las poblaciones locales denuncian la pérdida de recursos hídricos, la sequía prolongada y la alteración de sus modos de vida. > "El proyecto provocó una crisis hídrica que aún persiste", señaló una portavoz de organizaciones comunitarias.
Antecedentes y advertencias de la empresa
Operada por la transnacional Glencore, la mina fue pionera en la era de la megaminería argentina para la extracción a gran escala de cobre y oro. En 1998 la propia compañía presentó un Estudio de Impacto Ambiental que advertía sobre depresión de acuíferos, reducción de caudales fluviales y pérdida de biodiversidad. Tres décadas después, esas previsiones se reflejan en la realidad que viven las comunidades.
Próximos pasos y controversia
Jalil destacó que la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto se presentó hace tres meses y que, de concretarse, la actividad pondría fin a la paralización operativa que arrastra la mina desde 2018. Sin embargo, la reactivación reactiva alarmas sobre contaminación, gestión del agua y derechos de los pueblos originarios.
En los próximos meses se esperan decisiones regulatorias que definirán si la reactivación de Bajo La Alumbrera avanza pese a las fuertes objeciones de la sociedad civil.