El Ejecutivo argentino oficializó este lunes la entrega de un bono previsional de hasta $70.000, que se abonará en septiembre a los titulares de jubilaciones, pensiones y otras prestaciones gestionadas por la ANSES. La medida quedó plasmada en el Decreto 824/2026, firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Diego Santilli y la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello.
¿A quiénes llega el refuerzo?
El beneficio se dirige, en primer lugar, a los titulares de prestaciones contributivas bajo la ANSES. También están incluidos los beneficiarios de regímenes nacionales anteriores, regímenes especiales derogados y los fondos provinciales o municipales que fueron transferidos a la Nación. Además, la ayuda cubre a los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), a quienes perciben pensiones no contributivas por vejez o invalidez, a madres de siete hijos o más y a otras pensiones graciables administradas por la ANSES.
Cálculo del monto
Quienes perciban un total de ingresos previsionales igual o inferior al haber mínimo recibirán el bono completo de $70.000. Para los que superen ese umbral, el pago será proporcional: se sumará la diferencia necesaria para que, al agregar $70.000 al haber mínimo, el total no sobrepase el límite establecido. En la práctica, cuanto mayor sea el ingreso del beneficiario, menor será la suma recibida.
"El bono será de carácter no remunerativo, no sufrirá descuentos y no será computable para ningún otro concepto", indica la normativa.
Condiciones y alcance del pago
Para acceder al refuerzo, la prestación debe estar vigente durante el mes de septiembre, cuando se realizará la liquidación. El pago se efectúa por titular; si la pensión tiene varios copartícipes, todos se consideran como un único titular a efectos del bono. La ANSES será la encargada de administrar, controlar y, en caso necesario, recuperar los importes percibidos indebidamente.
Contexto de la medida
El Ejecutivo justificó el bono cuestionando la fórmula de movilidad aplicada desde marzo 2021, que según el gobierno no ajustaba los haberes a la inflación. En respuesta, se otorgaron ayudas económicas y bonos extraordinarios mensuales desde enero 2024 hasta agosto 2026. Desde julio 2024, la normativa obliga a actualizar los haberes mensualmente según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el INDEC.
Con este nuevo refuerzo, el Estado busca mitigar el desfase entre la evolución de los precios y el poder adquisitivo de los jubilados y pensionados.