Argentina desembolsó cerca de 6.852 millones de dólares en sobrecargos por los préstamos extraordinarios que le otorgó el FMI. El dato surge de un informe internacional que pone bajo la lupa ese mecanismo y que propone reabrir la discusión sobre la deuda y sobre la responsabilidad del acreedor.
El trabajo cuestiona que el país pague un adicional sobre la tasa de interés base por un crédito que excedió la cuota que le correspondía. Ese excedente, sostiene, no respondió a criterios técnicos sino a una decisión política del directorio del organismo, impulsada por Estados Unidos durante los gobiernos de Mauricio Macri y de Javier Milei.
El elogio que no cierra
La publicación del informe coincide con la aprobación de la tercera revisión del programa de Milei, que habilita un desembolso de 869 millones de dólares. El comunicado del Fondo afirma que el plan "continúa arrojando resultados impresionantes", una caracterización que el informe califica de desmesurada en un contexto de señales recesivas.
Para el trabajo, el vínculo con el organismo combina obsecuencia política, sometimiento económico y un abuso financiero. Sostiene que ese cepo limita la capacidad de crecimiento del país y que su mejor escenario posible es el estancamiento prolongado.
Un reclamo que ya tuvo recorrido
La pelea por los sobrecargos no es nueva. Durante el gobierno de Alberto Fernández, el entonces ministro de Economía Martín Guzmán llevó el tema a los foros internacionales con una estrategia que buscó sumar a otros países deudores.
En abril de 2021, Guzmán planteó ante el G20 que los sobrecargos son regresivos y procíclicos: castigan a los países que más necesitan financiamiento y agravan las crisis justo cuando se necesitan recursos para recuperarse. Propuso revisar el mecanismo y suspenderlo durante la pandemia.
En julio de 2021, los ministros de Finanzas y presidentes de bancos centrales del G20 incluyeron en su comunicado un llamado a avanzar con esa revisión. En octubre, la cumbre de líderes en Roma volvió a mencionar el tema, aunque sin pedir su eliminación: solo reconoció la necesidad de seguir discutiéndolo en el directorio del FMI.
El respaldo académico
El reclamo también sumó apoyos en el ámbito académico. El premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz, junto con Kevin Gallagher, cuestionó la lógica de penalizar a países que acuden al Fondo porque no tienen otras opciones de financiamiento. El argumento es que si los sobrecargos restan recursos para la recuperación, también deterioran la capacidad futura de pago: el mecanismo que dice proteger al acreedor termina debilitando al deudor.
Otros economistas, entre ellos Jayati Ghosh, acompañaron la crítica. Así, la controversia dejó de ser un asunto exclusivamente financiero para incorporar sus efectos distributivos y sociales.
El informe plantea que cualquier proyecto político que busque reemplazar al experimento de Milei deberá priorizar la revisión de la relación con el FMI, por encima incluso de la administración de la deuda con bonistas privados. La razón: es la deuda que asfixia la economía y la que viene acompañada de medidas de austeridad que condicionan la política económica.
