Veteranos militares y sus viudas anunciaron una serie de bloqueos y manifestaciones en varios puntos estratégicos de Guatemala los 16 y 17 de noviembre. La medida busca obligar al Congreso a aprobar la iniciativa de ley 6416, que propone ampliar la compensación mensual a Q1.000 (USD 130) y sumar nuevos beneficiarios.

Áreas de interrupción

Las notificaciones enviadas a las gobernaciones indican que el tránsito vehicular será afectado en departamentos como Alta Verapaz, Petén, Izabal, Zacapa, Chiquimula, Escuintla, Retalhuleu, Huehuetenango y Sacatepéquez. Además, se convoca a una concentración masiva frente al Congreso el martes 17 a partir de las 14:00 horas.

Demanda legislativa

Los organizadores reclaman que, tras agotar los diálogos en mesas técnicas con el Legislativo, la única vía es la presión pública. La propuesta 6416 pretende extender por dos años la ayuda mensual y ampliar el padrón para incluir a viudas de militares fallecidos, veteranos residentes en el exterior y a quienes están bajo prisión preventiva. También busca registrar a más de 45 mil exmilitares que aún no figuran en el listado del Ministerio de Desarrollo Social (Mides).

Marco legal actual

El actual esquema, establecido por el Decreto 51-2022, otorga 36 pagos mensuales de Q1.000 a cada beneficiario, totalizando Q36 mil (USD 4.675), condicionados a la participación en actividades de reforestación y protección ambiental bajo la coordinación del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN). El padrón oficial cuenta con más de 77 mil personas inscritas, aunque las asociaciones exigen la regularización de pagos atrasados y la extensión temporal del beneficio.

Antecedentes de protesta

Las movilizaciones de exmilitares son habituales desde 2019. El episodio más violento ocurrió el 19 de octubre de 2021, cuando manifestantes irrumpieron en el Congreso y incendiaron vehículos y oficinas en demanda de un resarcimiento de Q120 mil (USD 15.585). Recientemente, el 10 de noviembre, veteranos cercaron los accesos del Palacio Legislativo, obligando a la administración a avanzar en el trámite de los proyectos de compensación.

La Dirección de Protección y Seguridad Vial (Provial) no ha registrado aún bloqueos efectivos, pero la amenaza de interrupciones viales mantiene la presión sobre los legisladores.