Cuba acumuló 11,86 reportes y avisos de material de abuso sexual infantil por cada 10.000 habitantes durante 2025, de acuerdo con el índice 2026 de Childlight, una medición internacional sobre explotación y abuso sexual infantil. El dato surge de la tabla de tasas de América Latina y el Caribe que integra ese trabajo y que combina denuncias de presunto abuso o de agresores con notificaciones de contenido alojado, siempre en relación con la población de cada país.

El promedio de la región fue de 52,1 registros por cada 10.000 habitantes, de modo que la tasa cubana quedó por debajo de esa referencia. El informe aclara que el indicador refleja el contenido detectado o denunciado dentro de la cobertura y los mecanismos de notificación de las fuentes consultadas, y no la magnitud real del problema en cada territorio.

Cómo se lee la tabla regional

La comparación entre países arroja diferencias amplias. Panamá encabeza la nómina con 245,31 reportes y avisos por cada 10.000 habitantes, seguida por República Dominicana con 157,23. Más atrás aparecen El Salvador (58,60), por encima de la media regional, y Costa Rica (42,19).

Completan la serie Guatemala con 39,89, Nicaragua con 34,58 y Honduras con 30,90. Childlight advierte que estas distancias deben tomarse con cautela: los registros sobre material de abuso sexual infantil no constituyen una medición directa de la explotación y el abuso sexual infantil en la población de cada país.

El propio informe subraya que las tasas bajas o inexistentes pueden obedecer a una capacidad limitada de detección o de denuncia, y no necesariamente a niveles menores de daño. Por eso el índice no habilita un ranking de países según la gravedad del fenómeno.

Disponibilidad no equivale a prevalencia

Childlight define su indicador como una medida de disponibilidad: observa el volumen de reportes y avisos vinculados a un país a partir de la ubicación informada de una actividad sospechosa, de la fuente que denuncia o de la infraestructura donde se aloja el contenido. Esa lógica es distinta de la que aplican las encuestas representativas, que buscan estimar cuántas personas atravesaron situaciones de explotación o abuso sexual infantil.

Las estimaciones regionales obtenidas por encuestas indican que el 23% de las mujeres y el 17,6% de los varones de América Latina y el Caribe vivió alguna forma de explotación o abuso sexual infantil fuera de internet antes de los 18 años. En las modalidades facilitadas por tecnología, el 11,4% de los niños de la región dijo haber recibido solicitudes sexuales en línea durante el año previo a la recolección de datos, y el 16,2% estuvo expuesto a contenido sexual no deseado.

El análisis sobre violencia sexual infantil fuera de internet reunió 92 estudios de 23 países de la región. Para las formas facilitadas por tecnología, en tanto, se examinaron 15 estudios de nueve países.

Brechas institucionales en la respuesta digital

El relevamiento también midió capacidades estatales en 24 países y territorios de América Latina y el Caribe. El 83,3% afirmó contar con capacidad investigativa especializada en explotación y abuso sexual infantil. Sin embargo, el 41,7% reconoció no tener analistas dedicados a investigaciones de abuso sexual infantil en línea y otro 8,3% dijo desconocer si disponía de ese recurso.

En materia forense digital, solo el 25% de las jurisdicciones encuestadas aseguró poder procesar todos los casos de explotación sexual infantil en línea dentro de un plazo de 12 meses. Un 16,7% reportó capacidad inexistente o limitada. Childlight sostiene que esas restricciones en la detección, el reporte y el procesamiento de evidencia condicionan la lectura de cualquier cifra y explican por qué los registros no deben confundirse con la cantidad de niños afectados.