La Comisión Europea revelará el miércoles 11 de noviembre el borrador de la Ley de Equidad Digital, que busca que cualquier usuario pueda desactivar la reproducción automática, las notificaciones no solicitadas y los incentivos por rachas en las plataformas digitales.

"Las empresas deberán permitir que los adultos desactiven funciones que incentivan el uso compulsivo", informó Bloomberg.
"Los chatbots que simulan vínculos afectivos estarán sujetos a este derecho", señaló Euronews.

Funciones que podrán apagarse

Los usuarios tendrían la opción de desactivar la reproducción automática de contenidos, bloquear notificaciones ajenas a su actividad y eliminar recompensas por rachas continuas. Además, los sistemas de IA que imitan relaciones personales deberán ofrecer la posibilidad de ser desactivados.

Diez trucos de diseño prohibidos

El texto lista diez prácticas consideradas desleales, entre ellas: dificultar la cancelación de un servicio, ocultar precios o condiciones de renovación automática, y presentar ofertas falsas de escasez. También se prohíben las opciones preseleccionadas que añaden artículos al carrito, las dobles negaciones confusas y los avisos falsos que simulan contactos personales.

Impacto estimado y sanciones

Según la evaluación de la Comisión, las normas evitarían pérdidas de 88.400 millones de euros a los consumidores entre 2025 y 2035, generando un beneficio anual de 13.700 millones de euros. Las empresas podrían enfrentar multas de hasta 6 % de su facturación mundial y un coste recurrente estimado de 678 millones de euros al año.

Resistencia de Alemania

Alemania ha expresado dudas, argumentando que sería preferible modificar la normativa existente de 2005 en lugar de crear una nueva ley. El comisario de Consumo, Michael McGrath, defendió la iniciativa como beneficiosa tanto para consumidores como para empresas.

La propuesta, de aplicación directa en los 27 estados miembros, sustituirá la directiva de 2005 sobre prácticas comerciales desleales y entrará en vigor 12 meses después de su aprobación por el Parlamento Europeo y los gobiernos nacionales.