El juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, resolvió el 1 de septiembre de 2026 el procesamiento sin prisión preventiva de Gabriela Carmen Mantecón Fumadó y Nélida Agustina Bisio, ex responsables de los organismos que supervisan la calidad de los medicamentos en Argentina. La medida incluye un embargo de 500 mil millones de pesos contra cada una y la inhibición general de sus bienes, por su presunta participación en la adulteración del fentanilo que causó 90 muertes y 44 lesiones.
"No pueden alegar desconocimiento de la tarea que les correspondía", señaló el magistrado en la resolución.
Trayectorias profesionales
Mantecón Fumadó, de 56 años, dirigió el Instituto Nacional de Medicamentos (INAME) bajo la órbita de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT). Abogada de formación, ingresó al sector público en 1999 como asesora jurídica del Ministerio de Salud y ocupó cargos de registro, fiscalización y sanidad de fronteras hasta 2005. En 2006 pasó a la ANMAT como interventora y coordinadora del sector de comercio exterior del INAME.
Bisio, de 71 años, fue administradora nacional de la ANMAT. Su carrera en la entidad comenzó en 2006 y la llevó a ocupar la cúspide del organismo, responsable de la vigilancia sanitaria de los laboratorios que fabrican y comercializan medicamentos en el país.
Detalles del caso
Durante el periodo en que se produjeron los lotes contaminados con bacterias Klebsiella pneumoniae, Klebsiella variicola y Ralstonia mannitolilytica, ambas funcionarias formaban parte de lo que el auto de procesamiento describe como "una de las piezas centrales del poder de policía sanitaria del Estado Nacional". La falta de control permitió que el fentanilo, destinado al tratamiento del dolor, llegara al mercado con la citada contaminación.
Repercusiones legales
El embargo de 500 mil millones de pesos y la inhibición de bienes buscan garantizar la reparación de los daños y evitar que los acusados dispongan de su patrimonio mientras se investiga el delito de adulteración de sustancias medicinales. El proceso avanza sin que se haya impuesto medida de prisión preventiva, pero la gravedad del caso mantiene la atención de la opinión pública y de las autoridades sanitarias.
"La salud de la población no puede quedar a merced de la negligencia", recordó el juez Kreplak.
El caso sigue abierto y se esperan nuevas decisiones judiciales que podrían definir responsabilidades adicionales dentro del sistema de control de medicamentos.
