Los diputados Pablo Juliano y Esteban Paulón, del bloque Provincias Unidas, presentaron pedidos de informes en la Cámara baja para que se aclare cómo se contrató a dos empresas con lazos familiares con el presidente de ese cuerpo, Martín Menem, para cubrir seguridad y limpieza durante la misa del papa León XIV en Palermo.

Las firmas involucradas son Tech Security SRL y Purgato S.A. En ambas tienen participación los hermanos del titular de Diputados. El objetivo de los legisladores es determinar si hubo contratación estatal directa o una subcontratación, y si se respetaron las normas de ética pública.

Qué se pide y por qué

Juliano reclama el detalle completo de los procedimientos usados para organizar la celebración ante el Monumento de los Españoles y la vigilia posterior que el pontífice compartió con jóvenes. Puntualmente, quiere saber por qué se eligió una contratación directa por urgencia en lugar de una licitación, cuando la visita papal se conocía con meses de anticipación.

El diputado también busca precisar si Purgato y Tech Security fueron contratadas por el Estado o si actuaron como subcontratadas de otra firma. La diputada Marcela Pagano llevó el tema a la Justicia con una denuncia en la que pide los mismos detalles sobre Tech Security y exige que se aclare si Purgato también participó del operativo.

La versión de los involucrados

Cerca del despacho de Martín Menem confirmaron que las dos compañías, de las que el presidente de la Cámara ya no forma parte, fueron subcontratadas por DF Entertainment, la empresa organizadora del evento, con la que mantienen una relación comercial de larga data.

Fuentes próximas a las firmas señalaron que tienen antecedentes en eventos masivos como el Lollapalooza y espectáculos en el Estadio Único de La Plata. Además, indicaron que hace 16 años prestan seguridad para River y que trabajaron en la Conmebol y en bancos privados. Las mismas fuentes hablaron del "sabor ingrato" de cargar con el apellido Menem y sostuvieron que las empresas operaron durante al menos tres gobiernos —los de Mauricio Macri, Alberto Fernández y Javier Milei—, y negaron favoritismo alguno en la adjudicación de contratos públicos.

El antecedente que reaviva la polémica

La discusión no es nueva. En julio del año pasado trascendió que Tech Security había firmado un contrato por $4000 millones con el Banco Nación, con opción de prórroga, para vigilancia y custodia. Según allegados a uno de los Menem, ese vínculo terminó en marzo de 2026, después de perder la última licitación, y el monto efectivamente cobrado habría sido de $2000 millones.

Ambas compañías también habían sido cuestionadas el año pasado por sus contratos con el Banco Nación y la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. El pedido de Juliano apunta a esclarecer posibles vínculos societarios y conflictos de intereses entre la familia Menem y funcionarios públicos durante los actos papales.