El juez federal Juan Tomás Rodríguez Ponte dictó la remisión a juicio oral y público de 52 penitenciarios de la Unidad Residencial III del Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza, acusados de haber torturado a internos durante el alzamiento del 9 de junio de 2019.

El motín y las presuntas torturas

Según la acusación, los agentes formaron un “cuerpo de requisa extraordinario” equipado con escudos, cascos, tonfas, aerosoles de gas pimienta y escopetas de munición antitumulto, y actuaron para reprimir a los reclusos que protestaban por el cambio de horario de visitas.

Los internos fueron empujados contra una esquina del pabellón, quedando amontonados y creando lo que el expediente denomina una “montaña humana”; allí fueron golpeados, se les aplicó gas pimienta en la cara y se disparó a corta distancia.

En una celda individual, nueve presos se refugiaron y, según la denuncia, los agentes rociaron gas pimienta a través de la mirilla y de una ventana del patio, manteniendo la agresión pese a los gritos de auxilio.

El cuerpo médico forense constató lesiones en 15 internos, entre ellos dos con fracturas de cúbito.

El proceso judicial

Los médicos de guardia, Martín Perisset y Fernando Troisi, fueron acusados de omisión, pues al ingresar al pabellón se limitaron a observar a distancia y registraron solo parte de lo que los internos manifestaron.

"Dispararon directamente al cuerpo de los internos", señaló la Fiscalía en la acusación.

El juez también ordenó la inhibición general de bienes de todos los imputados y remitió el expediente al Tribunal Oral Federal de La Plata, que será sorteado para la audiencia.

El proceso se suma a las investigaciones iniciadas por la fiscal Cecilia Incardona y el fiscal general Alberto Gentili, a cargo de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin).

Una vez concluida la requisa, los internos fueron obligados a desnudarse frente a sus celdas y a describir sus lesiones ante los mismos agentes que habían participado en la intervención, según testimonios y material audiovisual presentado como prueba.

El caso seguirá su curso en el tribunal de La Plata, donde se decidirá la responsabilidad penal de los funcionarios involucrados.