El 5 de octubre de 2024 la oposición parlamentaria presentó un proyecto de ley para revertir el DNU 70/2023, que había desregulado la compra de tierras, luego del fallo de la Corte Suprema que dejó sin vigencia la Ley de Tierras. Al mismo tiempo, el Gobierno, fragmentado y con sus principales dirigentes fuera del país, intenta contener el embate.

Estrategia oficialista

Los primos Menem, que lideran la bancada oficialista en la Cámara de Diputados, coordinan con Karina Milei desde París. Según fuentes cercanas, la intención es introducir una restricción mínima a la compra de tierras dentro de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que ya aprobó el Senado. La medida buscaría limitar la venta de terrenos al 15 %.

"Debe ser la primera vez", comentó un portavoz de la oposición al anunciar la iniciativa.

Tensiones internas

En el oficialismo se percibe una rivalidad entre los Menem y el ministro de Economía Santiago Caputo. Caputo prefiere enfocarse en la agenda de Malvinas y evitar nuevos conflictos legislativos. Por su parte, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich avanza con su propio plan, lo que genera fricciones dentro del bloque gobernista.

"Tendríamos que haber esperado que la Justicia hable como habló ahora del decreto 70 en el capítulo de tierras", citó La Nación a la senadora Bullrich durante un acto conmemorativo.

Movilizaciones y presión social

Las centrales sindicales CTA convocaron a una protesta el 6 de octubre frente a la Corte Suprema. La CGT también repudió el fallo y pidió a los diputados rechazar el decreto. En la Casa Rosada se prevé una nueva oleada de descontento social, mientras la opinión pública muestra rechazo al oficialismo, incluso de figuras del espectáculo como Tini Stoessel.

El escenario político se mantiene tenso y la definición de la política de tierras seguirá siendo un punto clave para la estabilidad del Gobierno.