El presidente Javier Milei anunció una reforma de la Ley de Cabotaje para desregular el transporte fluvial y marítimo. Según Milei, la iniciativa busca reducir los costos logísticos y fortalecer la actividad portuaria.
Qué cambios propone la reforma
La reforma permitirá que buques de bandera extranjera realicen transporte de cargas y pasajeros entre puertos argentinos mediante autorizaciones temporarias. Además, flexibiliza las exigencias sobre la tripulación nacional y elimina los aranceles para la importación de embarcaciones nuevas o de hasta 20 años de antigüedad.
Según el Ejecutivo, la propuesta apunta a incrementar la disponibilidad de barcos, mejorar la competitividad de la hidrovía y reducir los costos del transporte para las economías regionales. También prevé que las embarcaciones extranjeras puedan operar inicialmente sin tripulación argentina durante los primeros 90 días, con una incorporación gradual hasta alcanzar un mínimo del 75% al cabo de un año.
La propuesta de la oposición
En paralelo, Unión por la Patria presentó un proyecto impulsado por la diputada Agustina Propato para declarar a la Vía Navegable Troncal del río Paraná como un bien de Interés Público Nacional y Objetivo de Valor Estratégico. La iniciativa busca mantener bajo control estatal la administración, el dragado y la operación del principal corredor fluvial del país.
El proyecto opositor también propone considerar como infraestructura crítica nacional el tramo comprendido entre la Confluencia y las aguas profundas del Río de la Plata, con el objetivo de limitar la participación de consorcios privados extranjeros en la gestión de esa vía navegable.
La reforma de la Ley de Cabotaje es un paso hacia la desregulación del transporte fluvial y marítimo en Argentina, y su aprobación podría tener un impacto significativo en la economía del país.
