El Gobierno del Reino Unido informó este jueves que toda licencia de hidrocarburos que se pretenda otorgar en las Islas Malvinas deberá contar con la aprobación final del secretario de Estado de Asuntos Exteriores. La declaración se realizó en una respuesta oficial a la Cámara de los Lores, fechada el 1 de octubre, y sitúa a Londres como autoridad última en la materia.

Procedimiento parlamentario

La aclaración surgió tras una pregunta planteada por el conservador Lord Moynihan el 17 de septiembre, registrada bajo el código HL3722. La consulta solicitaba detalles sobre los estudios de impacto ambiental y el respaldo del Gobierno británico a los proyectos de extracción. La respuesta fue canalizada al Foreign Office y entregada por Lord Wood of Anfield, subsecretario parlamentario de Estado.

"El Gobierno del Reino Unido mantiene una postura coherente respecto al derecho de las Islas Malvinas a desarrollar sus recursos naturales", afirmó Wood.

El funcionario añadió que cualquier nueva licencia requerirá el consentimiento del secretario de Estado, sin comentar casos específicos.

Repercusiones diplomáticas

Al elevar la decisión al nivel del secretario de Asuntos Exteriores, actualmente Ed Miliband, Londres consolida su papel de árbitro final frente a cualquier disputa legal o económica que provenga de Buenos Aires. La medida se produce en medio de la ofensiva judicial y diplomática que la Argentina ha impulsado contra las compañías que operan en la zona.

Contexto argentino

El presidente Javier Milei ha iniciado acciones penales contra empresas como Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum, y la jueza Mariel Borruto emitió una medida cautelar que impide iniciar obras de perforación o extracción. En septiembre, Milei anunció un decreto para endurecer sanciones y presentó un proyecto de ley de defensa de la soberanía, reforzando la postura de que "las Islas Malvinas son argentinas por historia y por derecho".

Próximos pasos

Con la nueva condición británica, cualquier futuro desarrollo petrolero en el Atlántico Sur dependerá de la decisión del Ejecutivo de Londres, mientras Argentina continúa su campaña legal y política para bloquear actividades que considere ilegítimas.