El conflicto judicial que involucra a Grupo La Nueva Metropol, liderado por los hermanos Zbikosky, y a cuatro cámaras de propietarios de colectivos, entre ellas la firma DOTA (que controla cerca del 40 % de la flota metropolitana), se está litigando en los juzgados federales de Comodoro Py. Ambas partes se acusan mutuamente de intentar desviar alrededor de $6.500 millones de subsidios estatales.

Orígenes de la disputa

En abril de 2024 la Secretaría de Transporte aprobó la resolución 45, que modificó la fórmula de cálculo del subsidio, favoreciendo los pasajes de mayor distancia. Según los críticos, esa medida abrió la puerta a que algunas empresas inflaran la cantidad de viajes de larga distancia para captar una mayor cuota del fondo público.

Acusaciones cruzadas

En mayo de 2025 las cámaras CEAP, Cetuba, Ctpba y Ceutupba denunciaron a líneas del Grupo Metropol, como Sargento Cabral, por supuesta “alteración masiva” de los boletos, alegando que se cobraban tarifas de quinta sección a recorridos de menos de 6 km. En diciembre de 2025 presentaron una denuncia administrativa ante el Ministerio de Economía, mientras Metropol respondió con una querella penal contra los presidentes de esas cámaras y el exsecretario de Transporte, Luis Pierrini, por presunta defraudación y tentativa de estafa.

Doble investigación

Dos fiscalías y dos juzgados federales llevan adelante expedientes con hipótesis opuestas: una investiga la posible manipulación de los datos de la Distancia Media Abonada (DMA) para desviar subsidios, la otra examina si las cámaras presentaron información falsa para provocar una retención ilegítima de recursos a Metropol.

Impacto económico

Si se comprueba la manipulación, el efecto sería doble: los usuarios pagarían de más en viajes cotidianos y el Estado perdería una parte significativa de la partida destinada a subsidios, redistribuyéndose en beneficio de la empresa acusada. La cifra en juego supera los $6.500 millones, lo que convierte al caso en una de las controversias financieras y judiciales más complejas de los últimos años.

Próximos pasos

Los tribunales de Comodoro Py deberán decidir si se abre paso a una investigación penal contra los dirigentes de las cámaras y al proceso administrativo contra Metropol. Mientras tanto, la disputa sigue sin resolverse y mantiene en vilo al sector del transporte automotor de la zona metropolitana.