Tras el colapso del Ueno Bank en Paraguay y la renuncia del presidente paraguayo Santiago Peña, la filial argentina ITTI informó la suspensión de 940 empleados por un período de 30 días. La notificación llegó a través de correos personales, ya que las cuentas corporativas fueron bloqueadas.
Empleados sin acceso a sus puestos
Los trabajadores describieron la medida como abrupta. > "Recibimos la suspensión por 30 días en un email personal y nos dijeron que sería sin sueldo, aunque aún nos deben el mes pasado", relató Facundo en la puerta de una de las sedes vinculadas al banco.
"Somos alrededor de 940, nadie nos explicó nada y nos bloquearon los correos de trabajo", añadió Maira, residente del barrio de Belgrano.
Antecedentes de la empresa
En agosto 2025 la compañía de servicios tecnológicos que respalda al grupo despidió a 200 empleados, señalando un exceso de personal. Ese mismo mes inauguró nuevas oficinas en la intersección de Avenida del Libertador y La Pampa, con la presencia del entonces CEO del grupo, Miguel Vázquez, quien hoy se encuentra detenido en Paraguay.
Estructura societaria y vínculos
ITTI opera bajo la razón social Kaitel SRL, cuyos directores —Carlos Francisco Impagliatelli Bareiro, Vanesa Esther Godoy Ayala y Miguel Ángel Almada Frutos— están imputados por la estafa originada en Paraguay. El abogado Miguel C. Remmer, del estudio Beccar Varela, figura como apoderado de la sociedad.
El 2 de octubre de 2025 se registró una cesión de acciones a favor de Impresión Distribución y Logística SA y WOM 77 SA, acompañada de una modificación del estatuto social. Ese mismo día, el objeto social de Kaitel se amplió para incluir actividades que van desde la tercerización de recursos humanos hasta la compra-venta de valores y la constitución de joint ventures.
El grupo Vázquez agrupa aproximadamente 30 compañías, entre ellas Ueno Seguros, Ueno Fondos, Ueno Casa de Bolsa y la plataforma de pagos Upay.
Próximos pasos
Las autoridades argentinas ya investigan la red de sociedades vinculadas al banco y la posible responsabilidad penal de sus directivos. Mientras tanto, los 940 trabajadores esperan la restitución de sus puestos y el pago de los salarios adeudados.
