La Confederación de Ruralistas Argentinas (CRA) trasladó al Gobierno su malestar por el funcionamiento del VISEC, la plataforma que se usa para acreditar el cumplimiento del reglamento antideforestación de la Unión Europea. Su titular, Carlos Castagnani, junto al vicepresidente José Ignacio Colombatto y al delegado de la Comisión de Medio Ambiente, Ernesto Messina, se reunió con el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, para exponer la posición del sector.

El eje del planteo fue la competencia entre plataformas. Según detalló la entidad en un comunicado, pidieron que todas las reconocidas puedan operar "libremente y en igualdad de condiciones" y que sea el productor quien decida cuál usar para certificar, sin que esa elección quede atada a frigoríficos o compradores.

El costo de certificar

CRA aclaró que no milita a favor ni en contra de ninguna plataforma en particular. El cuestionamiento apunta al diseño del sistema, que según la entidad agrega trámites, gastos y requisitos burocráticos a productores que ya cargan con varias obligaciones administrativas.

A eso sumó otra inquietud: el uso de la certificación como argumento comercial para aplicar descuentos y desvalorizar el precio de la producción. En esa línea, la entidad sostuvo que cumplir con las exigencias ambientales de los mercados internacionales no puede transformarse en una carga extra ni en una herramienta para pagar menos por lo producido.

"La implementación actual agrega trámites, costos y exigencias burocráticas a los productores", señaló CRA en su comunicado.

La interna que escaló

La reunión con Sturzenegger llegó después de un cruce fuerte entre CRA y la Sociedad Rural Argentina (SRA). Un director de la SRA, Andrés Costamagna, había cuestionado con dureza a CRA por sus reparos al VISEC, lo que derivó en un reclamo formal para que la entidad ratifique o rectifique esos dichos, considerados irrespetuosos.

El episodio abrió una grieta entre dos socias de la Mesa de Enlace y llevó la discusión por el reglamento europeo 1115 al terreno de la política interna del agro. Con ese antecedente, CRA buscó instalar el tema en la órbita del Gobierno y dejar sentada su postura: el problema no es la plataforma, sino las condiciones en que se implementa.