El martes 1 de octubre la Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó la revocación de la Ley de Tierras, norma que el presidente Javier Milei había establecido mediante el DNU 70/2023 y que había sido tachada de inconstitucional por la Cámara Federal de La Plata. Con la decisión, desaparecen los topes que impedían a personas o entidades extranjeras comprar extensiones rurales, incluso en zonas de frontera.

Trampa procesal utilizada

El tribunal justificó su pronunciamiento alegando que el demandante, el Centro de Ex‑Combatientes de La Plata (CECIM‑La Plata), carecía de legitimación para iniciar el proceso y que no existía una controversia concreta que resolver. En palabras del magistrado, la sentencia “no supone abrir juicio sobre la validez constitucional de la norma cuestionada”. Ese argumento permitió al máximo órgano judicial validar de facto la derogación sin abordar el fondo del asunto.

"La Corte afirma que su fallo ‘no supone abrir juicio’, pero al hacerlo convalida la medida", señaló el constitucionalista Gustavo Ferreyra.

Opiniones de expertos

El jurista Andrés Gil Domínguez explicó que la decisión implica que “cualquier persona física o jurídica extranjera, o incluso un Estado, podrá adquirir tierras rurales sin restricción alguna”. Por su parte, el abogado Jerónimo Guerrero Iraola recordó que el artículo 43 de la Constitución otorga legitimación al CECIM, por lo que su exclusión constituye una “abstención judicial que favorece a una de las partes”.

Contexto político

La medida llega pocos días después de que el Congreso rechazara la eliminación de los límites a la venta de tierras, una iniciativa que el gobierno había intentado impulsar mediante el DNU. La falta de un plazo para dictar sentencia permitió a la Corte intervenir en el momento más sensible del debate legislativo, mientras que casos pendientes sobre la totalidad del mismo decreto siguen sin resolverse.

El presidente de la Corte, Horacio Rosatti, y sus colegas Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti mantuvieron la postura de que la decisión no aborda el fondo, una posición que ha generado críticas por considerarse una “decisión sin fundamento”.