La Justicia de Córdoba investiga una maniobra que le generó pérdidas por 160 millones de pesos a una embotelladora y distribuidora de Coca-Cola. Hay 13 personas imputadas, una de ellas prófuga, acusadas de integrar una asociación ilícita y de casi un centenar de defraudaciones mediante el uso no autorizado de datos de tarjetas.

El fiscal de cibercrimen Franco Pilnik explicó que los sospechosos adquirían productos con plásticos de terceros, sin el consentimiento de sus dueños, por montos elevados. Cuando los titulares detectaban los consumos, los rechazaban y se iniciaba el contra-cargo: los fondos se revertían y la empresa que había entregado la mercadería se quedaba sin cobrar.

"Veníamos viendo compras muy grandes con tarjetas que después eran desconocidas por sus titulares", señaló el fiscal en diálogo con Canal 10.

Cómo se destapó la causa

La investigación arrancó con un correo electrónico. Un titular de una de las tarjetas utilizadas escribió a EDASA, la firma afectada, para preguntar por qué le figuraban cargos astronómicos en gastos de bebidas que nunca había hecho. Esa consulta abrió la puerta a un entramado de compras con datos ajenos.

Según la imputación, los acusados conformaron una asociación ilícita y cometieron casi 100 defraudaciones especiales. Aunque las identidades no trascendieron, entre los involucrados hay comerciantes de la Zona Norte de la ciudad, propietarios de locales nocturnos y dueños de negocios dedicados a la compra y venta mayorista de bebidas.

El perfil de los señalados

La causa apunta a personas con actividad en el rubro de la noche y la distribución de bebidas, lo que les habría permitido colocar los productos obtenidos de forma irregular. La Justicia continúa con la investigación para determinar el rol de cada imputado y localizar al prófugo.

El caso quedó en manos de la fiscalía de cibercrimen, que ahora busca precisar cómo se obtenían los datos de las tarjetas y cuánto pesa cada uno de los casi 100 episodios denunciados en el expediente.