En la decimoquinta sesión ordinaria de la Cámara de Diputados de Catamarca, los legisladores vinculados al gobernador Raúl Jalil sancionaron la ampliación de la responsabilidad penal a menores a partir de los 14 años. La iniciativa buscó alinear la normativa provincial con la reciente reforma federal.

Argumentos del oficialismo

La diputada oficialista María Argerich defendió el proyecto como parte de una "respuesta institucional" frente a conductas tipificadas como delitos cometidos por jóvenes. > "Construir una respuesta institucional es esencial para abordar estos hechos", afirmó Argerich durante el debate.

Críticas de la oposición y de la sociedad civil

Partidos opositores y organizaciones de derechos humanos advirtieron que la medida no reducirá la criminalidad ni atenderá la vulnerabilidad social. Señalaron la falta de infraestructura adecuada y de programas socioeducativos para menores de 14 años, alertando que la privación de libertad sin acompañamiento podría profundizar la exclusión.

Marco nacional y desafíos de implementación

A principios de septiembre de 2026, el presidente Javier Milei sancionó la Ley del Régimen Penal Juvenil N° 27.801, que también permite la judicialización de adolescentes de 14 a 17 años. El decreto 875/26, firmado por Milei, el ministro de Justicia Diego Santilli y el secretario Juan Bautista Mahiques, creó el Comité Interministerial del Régimen Penal Juvenil para coordinar medidas preventivas y de reinserción. Sin embargo, jueces de menores expresan dudas sobre la disponibilidad de centros de internación, personal especializado y dispositivos de monitoreo.

El nuevo marco legal provincial se inserta en un contexto de incertidumbre sobre la capacidad del sistema judicial y de servicios sociales para absorber a los jóvenes bajo este régimen. Las próximas semanas definirán si se implementan medidas alternativas o se recurre a la privación de libertad.

"Encerrar a menores sin ofrecerles herramientas de reinserción solo profundiza la exclusión", recalcó un representante de una ONG de derechos humanos.

El debate continuará mientras se evalúan los recursos necesarios para garantizar una respuesta efectiva y respetuosa de los derechos de los adolescentes.