La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) expresó este viernes su oposición a la autorización del Ejecutivo, bajo el Decreto 764/2026, para vender el edificio del Instituto Nacional de la Administración Pública (INAP) ubicado en Belgrano 637, Ciudad de Buenos Aires.

Reacción del sindicato

El gremio denunció en sus redes que la operación equivale a "negocios inmobiliarios a costa de la formación de los empleados públicos".

"Rechazamos la decisión del Gobierno Nacional de poner en venta el edificio del INAP destinado a la formación y capacitación de estatales", afirmó ATE Capital.

Según el sindicato, el inmueble ha sido escenario de los exámenes de idoneidad promovidos por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

"Allí se realizaron los exámenes de idoneidad impulsados por Sturzenegger para perseguir estatales", señaló la organización.

Contenido del decreto

El Decreto 764/2026, firmado por el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete Diego Santilli, habilita a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) a disponer de cuatro inmuebles que el gobierno califica como subutilizados o sin afectación específica.

Además del edificio del INAP, el listado incluye:

  • Un predio de la Armada Argentina en Ushuaia, Tierra del Fuego, con 382 594,79 m².
  • Un terreno en Córdoba capital de 32 261,26 m².
  • Un lote en San Rafael, Mendoza, de 25 840,90 m².

El gobierno argumenta que la venta permitirá "ahorrar los costos y gastos" asociados al mantenimiento de esos bienes.

Implicancias para la capacitación

ATE interpreta la medida como parte de un proceso más amplio de debilitamiento de las capacidades estatales. "Quieren destruir las capacidades del Estado", sostuvo el sindicato, añadiendo que los espacios de formación y el patrimonio público no deben convertirse en objetos de negociación inmobiliaria.

El sindicato concluyó reafirmando su defensa de la capacitación permanente, el empleo público y las herramientas necesarias para garantizar un Estado al servicio de la sociedad.

Esta decisión se enmarca dentro de la agenda de reducción del gasto público anunciada por la administración Milei.